El Señorío Lupaqa en la Etnohistoria Regional

Edmundo de la Vega Machicao (*)

La desintegración de los grandes estados andinos de Wari y Tiwanaku, ocurrida entre los siglos X y XI d.C., marcó el inicio de un periodo decisivo en la evolución histórica prehispánica de los Andes Centrales y Centro-Sur. Este período, denominado Intermedio Tardío o de los Desarrollos Regionales Tardíos, se caracterizó por un proceso de colapso político y territorial que dio paso a una reconfiguración regional determinada por la emergencia y consolidación de múltiples entidades sociopolíticas autónomas, conocidas como señoríos étnicos. Liberados del control ejercido por centros hegemónicos como Hari y Tiahuanaco (1), estos señoríos se desarrollaron de manera independiente durante aproximadamente cuatro siglos, hasta su incorporación al Estado Inca. En la región Circum-Titicaca, ubicada en los Andes Centro-Sur, entre los años 1100 y 1450 d.C., se configuró un mosaico de agrupaciones sociopolíticas independientes, diferenciadas étnicamente, que los cronistas coloniales identificaron como reinos, señoríos o naciones. La documentación producida en los siglos XVI y XVII permite reconstruir parcialmente la distribución geográfica y la filiación étnica de varios de estos grupos: los Lupaqas en la ribera suroccidental del lago Titicaca; los Collas al norte y este del lago; los Pacajes en el curso del río Desaguadero; los Canas y Canchis al sur del Cusco; Quillacas, Soras Uma alrededor del lago Poopó, entre otros.

Entre estos señoríos, los Lupaqas (2) destacan por su relevancia histórica y por ser uno de los mejor documentados (3). Este grupo aimara constituyó, desde antes de su anexión al Tawantinsuyo y hasta el periodo colonial, uno de los reinos más influyentes del Altiplano.

Según la documentación del siglo XVI, el territorio Lupaqa se dividía en tres regiones principales: el altiplano ubicado en el sector Urcosuyo, al oeste del lago Titicaca; las tierras bajas orientales del lago, denominadas Manqha Yunka o valles cálidos del interior; y los valles occidentales, conocidos como Ala Yunka o valles cálidos del exterior (Platt 1987, p.67). Cabe señalar que el dominio territorial se circunscribía exclusivamente a los espacios ocupados por poblaciones Lupaqa, sin considerar las zonas intermedias entre ellas (Murra 1975; Platt 1987; Bouysse-Cassagne 1987).

La región altiplánica constituía el núcleo político y demográfico del señorío. Para el siglo XVI, sus límites eran: al norte con los Collas, al sur con los Pacajes, al este bordeando la orilla suroeste del lago Titicaca, y al oeste, aunque menos definido, probablemente alcanzaba las zonas altas de la cordillera, en el actual límite entre los departamentos de Puno, Moquegua y Tacna. En este territorio se encontraban las siete “cabeceras principales”: Chucuito (la capital), Acora, Ilave, Juli, Pomata, Yunguyo y Zepita, todas ellas ubicadas en la ribera del lago. Además, existía una red de poblaciones subordinadas, localizadas tanto en la orilla como en las tierras altas de la Puna, al oeste del lago.

Las segunda y tercera regiones del territorio Lupaqa correspondían a los valles occidentales de la vertiente del Pacífico (Ala Yunka) y los valles orientales en las actuales “Yungas” de Bolivia (Manqha Yunka). Estos espacios funcionaban como enclaves o “colonias productivas” habitadas por mitimaes que eran poblaciones trasladadas por el poder central y dependientes de él. Estas colonias estaban subordinadas a la autoridad de Chucuito y cumplían funciones económicas estratégicas: proveer productos agrícolas como maíz, coca y ají, esenciales para complementar la dieta altiplánica y para ser utilizados como bienes de prestigio en las redes de reciprocidad y redistribución gestionadas por los Capac-Mallkus de Chucuito y los curacas locales.

Durante el periodo colonial, el altiplano fue considerado no solo una región de gran riqueza, sino también una de las más densamente pobladas de los Andes. En la Visita de Garci Diez de San Miguel (1567), se registró un quipu que contenía la contabilidad de los tributarios existentes en tiempos del Inca. Este documento indicaba la existencia de 20,080 unidades domésticas: 15,778 aimaras, 4,129 urus, 153 mitimaes procedentes de Chinchasuyu asentados en Juli, y 20 mitimaes Canas en Pomata (Murra 1975:195). A partir de estos datos, John Murra estimó que en 1532 la población total oscilaba entre 100,000 y 150,000 habitantes. Sin embargo, para el momento de la Visita, la población había disminuido en aproximadamente un 23%, registrándose 11,622 unidades domésticas aimaras y 3,782 urus (Diez de San Miguel [1567] 1964:206). Esta reducción demográfica puede atribuirse a diversos factores, entre ellos la mit’a guerrera que los Lupaqas aportaron para las campañas de Tomebamba y Tumbes, los conflictos entre Atawallpa y Wascar, así como la violencia derivada de la invasión europea, las epidemias y la imposición de la mita minera (4).

Cieza de León, menciona a Chucuito y destaca a Cariapasa como señor del pueblo, describiéndolo como un hombre entendido (Cieza [1553]1988, cap. CIV). Garcilaso de la Vega, por su parte, señala la práctica de sucesión nominal entre los Collas y Lupaqas, indicando que los nombres de los líderes, como Cari y Chipana, eran heredados para preservar la memoria de sus antepasados y emular sus virtudes (Garcilaso de la Vega [1609]1959, lib. III, cap. XIV).

La Visita de 1567 también revela que los Lupaqas, al igual que otros grupos étnicos andinos, estructuraban sus organizaciones sociopolíticas en dos mitades: Alasaa y Maasaa( 5). Cada cabecera principal y sus pueblos subordinados se dividían conforme a esta dualidad, y eran gobernados por curacas locales, subordinados a los Capac-Mallkus de Chucuito. En ese momento, Martín Cari representaba a Alasaa y Martín Cusi a Maasaa. La documentación permite además identificar la existencia de una tripartición (6) y la reproducción de la dualidad en el ejercicio del poder dentro de cada parcialidad.

La hegemonía política y demográfica correspondía al grupo aimara, que representaba el 78.6% de la población. No obstante, coexistían otros grupos étnicos que contribuían a la estructura social. Los Urus, organizados también bajo el principio de dualidad, constituían el segundo grupo más numeroso, alcanzando el 20.5% en época incaica, y hasta el 42.1% en localidades como Ilave. La imagen tradicional que los describe como “indios pescadores” pobres y lacustres debe ser revisada, ya que la Visita los registra en todas las cabeceras, desempeñando labores agrícolas. Algunos estudios sugieren que el término “Uru” pudo tener una connotación de clase, además de una dimensión étnica (Wachtel 1973; Murra 1975; Bouysse-Cassagne 1975, 1987)(7).

Otra categoría poblacional relevante era la de los mitmaq (mitayos o mitimaes) de origen foráneo, impuestos por el Estado incaico con fines de control político (8). Aunque la Visita menciona algunos de estos grupos, Chinchaysuyos, Incas, Canas, Chancas, entre otros, la información disponible es limitada. Estos mitmaq, si bien gozaban de cierto estatus, no parecían tener privilegios superiores a los de la población local. Recibían tierras por parte de los curacas y cumplían funciones productivas, como el trabajo agrícola en tierras de Cusi en Moquegua. Polo de Ondegardo ([1571]1916:68–69) y Diez de San Miguel ([1567] 1964, p. 65) señalan que estos mitimaes estaban impedidos de poseer ganado, lo cual se corrobora con su ausencia en el “Padrón” elaborado por Gutiérrez Flores en 1574.

Los Yana, también conocidos como “anacunas”, constituían una categoría social específica dentro de la estructura sociopolítica de los Lupaqas. Este grupo estaba conformado por unidades domésticas asignadas de manera permanente a los Capac-Mallkus, principalmente para desempeñar funciones de pastoreo y transporte de mercancías. La evidencia documental sugiere que esta condición era hereditaria (Diez de San Miguel [1567] 1964, pp. 21, 106, 117, 118). Aunque demográficamente representaban apenas entre el 2 y el 3% de la población, su origen era predominantemente aimara, sin excluir la posible inclusión de unidades domésticas de procedencia uru o chinchaysuyo.

Además, existían otros segmentos poblacionales minoritarios, como los “cazadores” y “pescadores”, identificados en la documentación del siglo XVI como Chuquilas y Uchusumas, respectivamente (Bouysse-Cassagne 1987, pp. 154–158).

La economía Lupaqa se articulaba en torno a un complejo sistema de acceso a recursos distribuidos en distintos pisos ecológicos, con el objetivo de complementar la limitada producción altiplánica. Este modelo ha sido conceptualizado por John Murra como el “control vertical de un máximo de pisos ecológicos” (Murra 1975, p. 59). Jurgen Golte (1980), por su parte, ha interpretado este sistema como una manifestación de la racionalidad andina, basada en la gestión simultánea de diversos ciclos agropecuarios en múltiples altitudes, en respuesta a las restricciones impuestas por el medio ambiente.

En el marco de este sistema, el altiplano, a pesar de sus condiciones climáticas adversas, ofrecía un notable potencial productivo. La agricultura se limitaba a cultivos micro térmicos como papa, quinua, oca y cañihua. Sin embargo, la principal fuente de riqueza era la ganadería de camélidos, especialmente llamas y alpacas, que proveían carne, cuero, huesos para herramientas, lana para tejidos y capacidad de carga. Para el año 1567, se estima que la población ganadera alcanzaba las 80,000 cabezas (Murra 1975, p. 201).

Los productos agropecuarios y artesanales, en particular los textiles, desempeñaban un papel central en las redes de reciprocidad y redistribución gestionadas por los Mallkus Lupaqas. El acceso a otros bienes de alto valor, como maíz, coca y ají, se lograba mediante el establecimiento de colonias permanentes de mitmaq, provenientes de diversas sayas o mitades. Estas colonias, aunque dependientes del poder central, conservaban los derechos étnicos y territoriales de sus integrantes. Eran de carácter multiétnico, ya que los Lupaqas compartían estos espacios productivos con otros grupos como los Pacajes. Las colonias se ubicaban en regiones distantes del altiplano, incluyendo los valles del sur del Perú (Arequipa, Moquegua, Torata, Sama, Tarata, Pachana, Ilabaya), el norte de Chile (Arica) y las Yungas bolivianas (Camata, Larecaja, Chacapa, Capinota, Cochabamba, Pocona) (Murra 1975).

Además de estas colonias agrícolas externas, existían otras dentro del territorio altiplánico, denominadas por Waldemar Espinoza (1982, p. 422) como “mitmas internos”. Estas cumplían funciones agrícolas y ganaderas, así como labores de extracción de sal, como en las Salinas de Cachi (a 80 km de Juli). Algunas comunidades, como Cupi o Sunicaya, se especializaban en actividades artesanales como la alfarería y la platería, razón por la cual Murra (1975, p. 78) las denominó “islas artesanales” (9).

Junto a los mitimaes Lupaqas subordinados a Chucuito, existían otras categorías de mitimaes impuestos directamente por el Estado incaico. Según Diez de San Miguel (1964, pp. 81, 170), grupos de mitimaes Lupaqas fueron trasladados a diversas localidades como Jauja, Llaxapallanga, Quito, Vilcas, Andahuaylas, Cusco, Yucay, Ayaviri, Cochabamba y Copacabana, entre otras. Según Waldemar Espinoza (1982) estos desplazamientos, involucraron a cerca de cinco mil individuos, algunos de los cuales se hallaban distantes hasta dos mil kilómetros del altiplano, a ello habría que sumar los más de dieciocho mil guerreros Lupaqa que lucharon en las guerras de Tomebamba y Tumbes, que probablemente fueron trasladados por órdenes del Inca Wayna Capac (p. 420).

Asimismo, el Estado incaico, también, estableció mitmaq dentro del territorio altiplánico, con propósitos productivos y de control político. Ya se mencionó que habían mitmaq en Copacabana, en el cantón de Tiquina, otros habrían estado en Millerca en Huancané, donde junto a mitmaq de Vilque, Huancané, Taraco, Arapa y Carabuco cumplían funciones especializadas en la producción artesanal, particularmente en la elaboración de cerámica y tejidos, actividades que no solo respondían a las necesidades económicas locales, sino que también formaban parte de las redes de redistribución y prestigio promovidas por el poder central (Espinoza 1982, p.421).

Las relaciones entre los Lupaqas y el Estado Incaico se remontan a los primeros contactos diplomáticos registrados en fuentes del siglo XVI. Uno de los episodios iniciales fue la alianza entre el líder Lupaqa Cari y el Inca Wiracocha, celebrada en Chucuito en un contexto ceremonial de reciprocidad, intercambio de obsequios y promesas mutuas (Cieza [1550] 1967, cap. LIII). No obstante, a partir del gobierno de Pachacutec Inca Yupanki y, posteriormente, bajo Wayna Capac, la presencia incaica adquirió un carácter más coercitivo y militar, transformando la naturaleza de los vínculos iniciales. En ambos casos, sin embargo, se evidencia el interés estratégico del Estado Inca por controlar esta región, motivado por su riqueza ganadera y agrícola, su capacidad de movilización de fuerza de trabajo, y su posición geográfica que facilitaba el acceso tanto al oriente boliviano como a la costa del Pacífico.

Durante el periodo colonial, los Lupaqas fueron reconocidos como una de las tres “encomiendas del rey” asignadas directamente a la Corona (10), primero bajo Carlos V y luego bajo Felipe II. Este estatus, aunque aparentemente privilegiado, no impidió que la invasión española provocara una profunda desestructuración de las bases económicas, sociales, políticas y religiosas del señorío Lupaqa, fenómeno extensivo a todo el mundo andino (Wachtel, 1973)

Desde el punto de vista económico, los espacios productivos fueron fragmentados. Las colonias agrícolas ubicadas en la costa y en las Yungas perdieron su vínculo con Chucuito y fueron incorporadas a nuevas jurisdicciones coloniales bajo el sistema de encomiendas y repartimientos. El régimen tributario español, además de exigir trabajo forzado como en la época prehispánica, impuso tributos en especie y en dinero, con tasas que se incrementaban constantemente en perjuicio de la población indígena (11). Aunque legalmente el tributo debía ser destinado exclusivamente al Rey, en la práctica era exigido también por religiosos, funcionarios y particulares, quienes reclamaban tributos personales (12). A ello se sumó la implementación de la mita minera, especialmente en Potosí (13)  (Bouysse-Cassagne, 1975, 1978, 1987; Julien et.al., 1998, Meiklejohn, 1988; Murra, 1975, 1977).

La estructura social también fue profundamente alterada. El sistema de reciprocidad y redistribución que articulaba las relaciones entre el ayllu, el curaca, los Mallkus y el Inca fue reemplazado por un modelo colonial de extracción unidireccional de bienes y servicios, sin contraprestación. Esta ruptura generó tensiones y reclamos por parte de la población indígena, que denunciaba, por ejemplo, la falta de provisión de lana para cumplir con las exigencias tributarias de confección textil.

Las relaciones entre los curacas y sus comunidades se deterioraron notablemente. Para 1567, los Mallkus de Chucuito habían perdido la capacidad de movilizar mano de obra para el trabajo de sus tierras, viéndose obligados a abandonar las antiguas prácticas de reciprocidad. Este proceso de pérdida de legitimidad se agravó al convertir al curaca en un intermediario de las demandas coloniales, lo que erosionó su autoridad tradicional.

Otro factor de transformación fue la imposición del adoctrinamiento religioso, primero por parte de la Orden de los Dominicos (1534–1573) y posteriormente por los Jesuitas (1576–1767). La documentación eclesiástica de este periodo constituye una fuente valiosa para reconstruir la historia local de los poblados bajo jurisdicción de estas congregaciones, y su análisis sistemático permitiría complementar la información proveniente de otras fuentes (Meiklejohn, 1988).

A partir de mediados del siglo XVII, la información sobre los Lupaqas se torna escasa y dispersa, predominando los registros judiciales en los que se pierde la referencia étnica y colectiva, siendo reemplazada por identificaciones personales de los litigantes. Un estudio sistemático de esta documentación permitiría comprender el proceso de desmembramiento progresivo de este señorío altiplánico, hasta su desaparición como entidad política y étnica. Este caso representa un ejemplo paradigmático del etnocidio provocado por el régimen colonial en los Andes.

(*) E.P. de Antropología. UNA-PUNO. edelavega@unap.edu.pe . Edmundo De la Vega Machicao, es arqueólogo que ha realizado diversas investigaciones en las regiones de Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno y Cusco tanto en el ámbito de la arqueología como de la gestión del patrimonio cultural. Es autor y coautor de diversas publicaciones tanto a nivel nacional como en el extranjero. Actualmente se desempeña como docente en la Escuela Profesional de Antropología de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno.

NOTAS

(1)  El cambio de grafía permite distinguir entre el sitio epónimo (Huari y Tiahuanaco) y la cultura arqueológica (Wari y Tiwanaku) igual como ocurre con Pucará y Pukara, respectivamente.

(2) Cuentas (1968, p.30) señala que la denominación de Lupaqas proviene de Lupi: Sol, resplandeciente o brillante, y Hake: hombre, lo que puede traducirse como “hombres sol” u “hombres brillantes”. De igual forma otros nombres como Quillacas y Pacajes prevendrán de Killa-Hakes u Hombres Luna y Paca-Hakes u Hombres Águila.

(3) La información referente a los Lupaqas, presente en la Crónicas, es muy escasa e indirecta, pero no por ello menos valiosa. Las mejores fuentes de información a la fecha son la «Visita hecha a la provincia de Chucuito en 1567 por Garci Diez De San Miguel» (En adelante «La Visita») realizada por orden del Gobernador Lope García de Castro; y el “Padrón de los mil indios ricos de la provincia de Chucuito…» a cargo de Fray Pedro Gutiérrez Flores y Juan Ramírez Zegarra, hecha en 1574 por orden del Virrey Toledo. A esta documentación se debe agregar los importantes datos presentes en diversos legajos de documentos legales, administrativos y eclesiásticos de la época. (Julien, 1983; Palacios, 2024).

(4) La despoblación fue uno de los efectos más devastadores de la conquista. Durante el gobierno del virrey Toledo, aproximadamente 40 años después de la invasión española, la población Lupaqa se había reducido a menos de la mitad, reflejando el impacto de la explotación, las epidemias y la desarticulación social.

(5)  Las parcialidades Alasaa y Maasaa representan la dualidad estructural de la sociedad Lupaqa, equivalente a las divisiones quechuas de Hanan y Hurin. Esta organización refleja una concepción espacial y social profundamente arraigada en la cosmovisión andina. Para un análisis detallado de esta dualidad en el mundo aimara, véase Platt (1987) y Bouysse-Cassagne (1987).

(6) En el caso de Juli, además de las dos parcialidades tradicionales, se documenta una tercera saya denominada Ayanca, con curacas y rebaños propios. Garci Diez ([1567] 1964:114–115) atribuye esta división a una subdivisión interna de Hurin-Juli, señalando que “otra parcialidad que llaman Ayanca, que asimismo son Urinsayas” (Ver también Espinoza W., 1982 y Palacios F., 2024).

(7) Algo similar ocurre con los Mañasu, que según el vocabulario de Bertonio ([1612], 2004, p. 537) significa un pueblo del Collao o una actividad: la de carniceros y comerciantes de ganado.

(8) Espinoza (1982, p. 424) destaca que en el reino Lupaqa, el 80% de los mitmaqs provenía del Cusco y el 20% de otras nacionalidades, como los Chanca. Este dato revela el carácter estratégico de la región para el Estado Inca, que la consideraba una “zona de cuidado”, resguardada por poblaciones de alta confianza política. No se conoce un caso similar en otros señoríos conquistados por los Incas

(9) Hyslop (1976) sugiere que el sitio de Pila Patag, cerca de Platería podría corresponder al taller de Sunicaya; en tanto que Julien (1983) señala que fue Platería mismo. En cuanto a Cupi, todavía no ha sido ubicado, pero Julien (1983) piensa que podría estar muy cerca de Chucuito.

(10) Las otras dos encomiendas reales, además de Chucuito, fueron la isla de Puná (en el golfo de Guayaquil, Ecuador) y el valle de Chincha (en la costa central del Perú). Estas tres regiones, habitadas por “indios ricos”, habrían conformado una ruta comercial prehispánica de gran importancia. Murra (1975, p. 72, nota 26) señala que el valle de Chincha funcionaba como terminal de intercambio entre la costa y el Altiplano, así como con el golfo de Guayaquil.

(11) La Tasa de 1553, establecida por la Audiencia de Lima, fijó un tributo para los Lupaqas que incluía:

• 2,000 pesos (de 450 maravedís), depositados semestralmente en Arequipa.
• 1,000 vestidos de lana (500 de cumbi y 500 de abasca).
• 1,000 fanegas de maíz y 1,200 de chuño, distribuidas semestralmente.
• 100 fanegas de papas transformadas en chuño para los tambos de Chucuito y Zepita.
• 90 arrieros para el transporte de productos a Potosí.

En 1559, el virrey Mendoza modificó la tasa: se mantuvieron los 1,000 vestidos, se eliminaron las obligaciones alimentarias, y el tributo monetario se elevó a 18,000 pesos de plata ensayada. En 1568, García de Castro aumentó la tasa a 1,600 vestidos y 20,000 pesos. Finalmente, el virrey Toledo la incrementó a 80,000 pesos anuales. Para cumplir con estas exigencias, la población debía enviar mitayos a Potosí, alquilarse como cargadores con sus llamas, o vender ganado comunal (Wachtel 1973).

(12) La evangelización de Chucuito estuvo inicialmente a cargo de los Dominicos, quienes recibían estipendios reales. Sin embargo, exigían también “indios de servicio” y productos alimenticios (cerdos, gallinas, pescado, etc.), lo que provocó la indignación del virrey Toledo, quien promovió su expulsión en 1573 (Meiklejohn, 1988). Además, funcionarios reales y comerciantes también exigían servicios personales y productos, beneficiándose incluso del trabajo gratuito en los tambos (Diez de San Miguel [1567]1964; Wachtel 1973).

(13) La mita minera para Potosí fue especialmente gravosa para los Lupaqas. En menos de dos décadas, el número de mitayos enviados se multiplicó de 500 en 1567 a 2,200 en 1585 (Pease 1978).

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