Entrevista a Jaime Borda Pari, Secretario Ejecutivo de la Red Muqui. Nacido en Puno, estudió Ciencias de la Comunicación Social en la Universidad Nacional del Altiplano y tiene una maestría en Ciencias Políticas en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha trabajado en los últimos 15 años en temas de derechos humanos, ambientales y de los pueblos indígenas, en contextos extractivos mineros. La Red Muqui agrupa a 32 instituciones, en 13 regiones del país, vinculadas a la defensa de los derechos de las comunidades y poblaciones afectadas por la minería.
¿Qué casos problemáticos se presentan en Puno con relación a la minería?
Uno de los más conocidos es el proyecto de exploración de litio y uranio de la empresa canadiense Macusani Yellowcake, en la provincia de Carabaya, en la zona de Corani. La empresa ha logrado cierto apoyo de la población para la ejecución del proyecto con apoyo del alcalde provincial y en base a promesas de empleo para la gente. Carabaya es una provincia alejada de Puno, donde existe mucha pobreza y las comunidades no reciben ningún tipo de apoyo.
A través de IDECA y DHUMA, socios de la Red Muqui en Puno, estamos culminando una investigación sobre la percepción de la población local respecto al proyecto minero, y si existe algún nivel de afectación ambiental y social en la fase de exploración del proyecto. Si bien se busca explotar el litio, también se ha encontrado uranio, y esto es preocupante pues el uranio es un material radiactivo y no se cuenta todavía con una legislación clara. La empresa dice que culminará la exploración este año y presentará luego el estudio de impacto ambiental del proyecto.
Otros casos se refieren a la presencia de la minería informal y la minería ilegal en Puno, como en Ananea y La Rinconada, donde hay cooperativas, pero también informalidad y actividades ilegales y una constante contaminación. Si bien no acompañamos directamente este tipo de casos, sí tenemos una reflexión y opinión al respecto, sobre todo ahora que se discute la nueva Ley de la Pequeña Minería y de la Minería Artesana (MAPE) y una nueva ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). No queremos que se llegue a la situación por la que está pasando la Libertad, por ejemplo, con el caso Pataz, donde se presenta un nivel de relacionamiento con el crimen organizado.
En nuestra reflexión asumimos que efectivamente el caso de la MAPE es un problema complejo y no podemos generalizar, ni estigmatizar a los actores, porque inclusive en cada región este tipo de minería es diferente. Yo diría que, en Puno, de alguna forma, se ha logrado avanzar hacia un nivel de formalización a través de las cooperativas, lo que no quita que los impactos ambientales sigan produciéndose.
Entendemos que en Puno la Red Muqui colabora también con la agenda regional de la mujer y en especial con la protección del Titicaca como sujeto de derechos.
La agenda regional de la mujer comprende el combate a la violencia contra la mujer, la promoción de su autonomía y de iniciativas económicas y el cuidado del medio ambiente, un tema en el cual las mujeres tienen un rol muy importante. Así, gracias al impulso de las mujeres en abril pasado, el Gobierno Regional de Puno aprobó una ordenanza declarando al Lago Titicaca como sujeto de derechos, reconociéndole el derecho a existir y a estar libre de contaminación. Esto seguramente va a ser observado por el gobierno nacional, diciendo que el Gobierno Regional de Puno no es el ente competente, pero el mensaje es más político. Es afirmar que aquí hay un gobierno regional que escucha la voz de las mujeres organizadas. No solamente porque es el lago navegable más alto del mundo, sino porque es una reserva de agua fundamental para el consumo humano, y no se pueden permitir, sobre todo en el contexto del cambio climático en que los recursos hídricos empiezan a escasear, los niveles de contaminación que sufre hoy el Titicaca por la actividad minera, ya sea informal o ilegal, y por los desechos de los centros urbanos. Todo esto afecta no sólo al lago, sino a las personas que viven en su entorno, Por ejemplo, el río Coata está contaminado con metales pesados, por lo cual muchas personas, sobre todo niños y niñas, tienen esos metales en sus organismos.
Tenemos que empezar a mirar nuestros recursos, no solamente como recursos que hay que explotar, sino también como sujetos de derechos, como entes vivos, que hay que proteger para las futuras generaciones
Se han presentado en Puno varios casos de violación del derecho a la consulta previa, por lo cual las comunidades han tenido que litigar judicialmente, como en el caso de Jatun Cachi (Pichacani, Puno) que ganó una acción de amparo y está a la espera de la sentencia frente a la apelación del Ministerio de Energía y Minas y el INGEMMET ¿Qué opina la red Muqui sobre estos casos?
Recordemos que el Perú ha firmado y ratificado el Convenio 169 de la OIT que estipula el derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación, a la consulta previa. Tenemos también una Ley de Consulta Previa. Sin embargo, la impresión que tenemos, por los casos que acompañamos, es que se ha tergiversado la ley y ha perdido su esencia; los gobiernos han utilizado la consulta como un trámite más para la aprobación de los proyectos de inversión, ya sean petroleros, mineros o de otro tipo.
Por ejemplo, en el caso del proyecto Expansión Corocohuayco – Antapacay (Apurimac) la empresa Glencore ha hecho una serie de ofrecimientos condicionados a la aprobación del proyecto. No le corresponde a la empresa hacer la consulta y menos influir en su resultado, es el Estado peruano el encargado de la consulta. Al final, la población es influenciada por la empresa, de manera que en la práctica la consulta termina siendo instrumentalizada a favor de los objetivos de la empresa.
En Puno las comunidades han ganado acciones de amparo presentadas porque no se realiza la consulta previa antes de otorgar las concesiones mineras. Y es lógico, pues se dan casos en que se otorgan hasta el 100% del territorio de las comunidades, sin informarles y preguntarles.
Si bien algunos jueces han valorado positivamente el Convenio 169 y la Ley de Consulta Previa y han emitido resoluciones que declaran nulas u ordenan que se revisen las concesiones, estas sentencias son apeladas y llegan a la Corte Suprema y al Tribunal Constitucional, donde ha primado el aspecto político y los intereses de las empresas.
Hay quienes piensan que debe facilitarse por encima de todo la actividad minera por sus beneficios económicos. ¿Qué opinas sobre esto?
En la Convención minera “PERUMIN”, realizada en setiembre pasado en Arequipa, los gremios mineros y el gobierno han llegado a señalar que la minería es la única actividad económica importante del país, al punto de que el Ministro de Desarrollo Agrario y Riego dijo que, en situaciones de escasez, el agua debe ser prioritariamente para la minería y no para la agricultura. De esta manera, se lleva al extremo la vieja idea de que Perú es un país minero, lo cual es falso, pero siempre hablaban de esto, buscando hacer minería en todo sitio. Pero, resulta que ahora un sector de la población, vinculado a las comunidades, como en el caso de Cusco y Apurímac, dice, nosotros también queremos hacer minería, pero a pequeña escala y queremos permisos y facilidades del Estado. Y este les dice que no. Entonces se entiende que la promesa de “Perú país minero” era solamente para las grandes empresas, para las transnacionales, para los Roque Benavides, y no para los indígenas y campesinos.
“Ustedes son ilegales, criminales y, por lo tanto, todo lo que ustedes hagan está mal”. Entonces llegamos a la idea de un extractivismo “bueno” que hace la gran minería y un extractivismo “malo” que haría la pequeña minería. Ahí hay un mensaje cargado de clasismo y racismo. Obviamente no estoy diciendo que hay que permitir la actividad minera donde sea y como sea, todo lo contrario. No se puede negar que, en el Perú, la actividad minera es importante, tiene su peso y, por lo tanto, seguramente es un eje importante dentro de la visión de desarrollo del país. Pero no puede ser pensada como la única actividad, ni la prioritaria. Frente a los múltiples problemas económicos del país se necesita diversificar la economía, apoyar a otros sectores, como la agricultura, la agroindustria, la agroecología, entre otros, que si son sostenibles y que dan mucho más empleo. Pienso que nuestra visión de desarrollo debe abrirse a otras actividades alternativas, que generen más empleo y puedan ser polos de desarrollo sostenible.
¿Qué opinas sobre hacer minería en cualquier lugar del país, independientemente del valor ecológico del lugar y de la opinión de las comunidades?
La visión que tenemos es que no se puede hacer minería donde sea y como sea. En el caso del proyecto minero Tía María, por ejemplo, la mina está a apenas unos kilómetros del Valle de El Tambo; un valle muy fértil, donde se produce cebolla, ajo, arroz y papa con los cuales se abastece a todo el sur del Perú y Lima. Por ello hay una gran preocupación de la gente por el impacto ambiental tanto por la disponibilidad del agua, como por la contaminación.
No se puede hacer minería en cualquier lugar, tiene que haber un ordenamiento territorial y no, como ahora, imposición. Es decir, lo hago porque tengo el poder económico y el respaldo político del gobierno para hacerlo. También tiene que ser una decisión de la población local, de las comunidades, porque en una cabecera de cuenca, en una zona de nacientes de agua, o donde hay nevados que proteger, no debería hacerse. Además, está el derecho de las comunidades a decidir el proyecto de vida que quieren tener, qué propuestas productivas alternativas a la minería tienen para sus territorios.
Para finalizar esta entrevista, ¿cómo ves la situación política actual? (Nota, la entrevista se realizó antes del cambio de gobierno)
Creo que estamos en un escenario de regresión de derechos en todo sentido, no solamente respecto a los derechos humanos, sino también a los derechos ambientales, los derechos colectivos y en todo lo que se había avanzado en términos de recuperación de la democracia. Este congreso y este poder ejecutivo nos han hecho retroceder unos veinte o más años.
Hace poco el Congreso ha aprobado una ley de amnistía para militares que estaban involucrados en investigaciones por hechos ocurridos en la época de la violencia política de los años 80 y 90. Muchos están pidiendo ser beneficiados con esta ley que muestra claramente que tenemos un gobierno y un congreso que buscan la impunidad. Lo mismo puede ocurrir con los nuevos casos de violaciones de los derechos humanos, como los producidos en las protestas de fines del 2022 e inicios de 2023. Más de 50 personas, y en el caso de Puno, 18, han sido asesinadas. Habiendo evidencias y registros audiovisuales, las investigaciones no avanzan, y la propia fiscalía ha sido tomada por la coalición autoritaria conformada por el Congreso, el Poder Ejecutivo y otros aliados.
Y lo que ocurre no solamente tiene que ver con derechos humanos, sino que se está poniendo en cuestión la democracia misma en el país. Hay una serie de leyes que buscan debilitar el trabajo de la sociedad civil, como la nueva ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Esta ley busca controlar aún más el trabajo de las organizaciones de derechos humanos, persiguiendo a las ONG y prohibiéndoles litigar, asesorar o realizar acciones de defensa legal de las víctimas en juicios en contra del Estado peruano.
Por otro lado, nos dirigimos a unas elecciones presidenciales y congresales en el 2026 y no hay garantías de elecciones limpias y transparentes, porque el Congreso y el gobierno de Dina Boluarte han estado cambiando las autoridades electorales en el Jurado Nacional de Elecciones, la ONPE y el RENIEC. Yo diría que la misma democracia está en cuestión, no creemos que haya garantías de elecciones limpias y transparentes.
Frente a esta situación, ¿qué se propone?
Si bien es cierto que ya están convocadas las próximas elecciones, hay que tener una posición crítica sobre cómo va a ser ese proceso electoral. Hay que denunciar las situaciones irregulares. Respecto al retroceso en los derechos, lo que estamos haciendo desde la Red Muqui es registrar, informar y documentar las leyes que están saliendo en contra de los derechos. De alguna forma, llegado el momento, tenemos que hacer las denuncias correspondientes en las instancias internacionales, como las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros.
Aunque estos organismos también están siendo debilitados por gobiernos conservadores, como el de Donald Trump en Estados Unidos, hay que insistir en documentar para denunciar, y, por supuesto, informar a la población. Una realidad que pasa en Puno y en general en el Perú es que hay mucha apatía, mucha incertidumbre y mucho miedo por lo que va a pasar en los próximos meses y en los próximos años.
Puno ha dado el ejemplo en los últimos años; ha sido una región movilizada, los familiares de las víctimas se han organizado con el acompañamiento de la población y han denunciado permanentemente las estrategias del gobierno para mantenerse en el poder y en la impunidad. Entonces es importante visibilizar, denunciar y movilizarse, pero también buscar la articulación con otros actores sociales. Puno lo ha estado haciendo. Pero me parece que en Lima recién hay algún nivel de conciencia. Los jóvenes han empezado a movilizarse por la ley de las AFP. Parece que recién hay un despertar, pero todavía no es suficiente. El llamado, diría yo, es que la ciudadanía se movilice. Obviamente de manera pacífica, democrática, para cuestionar todos los cambios negativos que están haciendo en nuestro país.
