Nicanor Domínguez Faura
La rebelión de los Túpac Amaru –que tuvo lugar en el actual Sur Andino peruano-boliviano durante los 20 meses comprendidos entre noviembre de 1780 y junio de 1782–, afectó no solamente al Cusco, el primer foco de esta gran insurrección, sino también, y con especial intensidad, a los cinco corregimientos del Altiplano septentrional (Lampa, Azángaro, Carabaya, Paucarcolla y Chucuito), antiguas provincias que hoy conforman la Región Puno. El propio José Gabriel Túpac Amaru incursionó hasta en dos oportunidades en las tres provincias del norte altiplánico, a inicios de diciembre de 1780 y nuevamente a fines de enero de 1781.
La revuelta tupacamarista altiplánica comenzó entre las comunidades quechuas del norte (diciembre de 1780) y siguió luego con las comunidades aimaras del sur (desde marzo de 1781). Al sur, en la provincia de Chucuito, los pueblos de Pomata (20 de marzo), Juli (24-25 de marzo) y la propia ciudad de Chucuito (2-3 de abril) fueron destruidos por los rebeldes. La villa de Puno fue atacada y cercada hasta en tres oportunidades (10-11 de marzo, 9-10 de abril y 7-23 de mayo) y, cuando finalmente llegaron las fuerzas militares realistas desde el Cusco, se decidió despoblarla (26 de mayo).
De este modo, fue posible que en 1781 Diego Cristóbal Túpac Amaru estableciera en el pueblo de Azángaro una capital rebelde, que se mantuvo como “zona liberada” del dominio colonial español durante ocho meses, hasta que el indulto general concedido por el virrey Jáuregui a los tupacamaristas fue aceptado formalmente (en Sicuani, 26-27 de enero de 1782). Aunque se produjo un nuevo estallido rebelde con Pedro Vilca Apasa (de fines de febrero a inicios de abril), para el mes de junio de aquel año de 1782 las autoridades españolas consideraron que se había logrado la “pacificación” colonial del Altiplano.
La principal fuente de información sobre lo sucedido en Puno proviene de los escritos del corregidor interino de la provincia de Paucarcolla, el criollo Joaquín de Orellana [n.ca.1749-m.1795]: un largo informe fechado en la hacienda Yanarico a fines de mayo de 1781, cuando la población de la villa de San Carlos de Puno ya había iniciado la evacuación y éxodo en dirección al Cusco (1), así como una serie de informes parciales –solicitando ayuda (entre enero y mayo de 1781) o reportando la situación de finales de la rebelión (entre abril y junio de 1782)–, enviados a las autoridades coloniales de Arequipa, Cusco y Lima (2).
Todos estos informes, reordenados cronológicamente por el historiador sanmarquino Carlos Daniel Valcárcel, fueron publicados en 1971 en la famosa “Colección Documental de la Independencia del Perú” (3). En base principalmente a esta documentación es que se elaboraron los estudios sobre la rebelión tupacamarista en el Altiplano puneño producidos a partir de 1973 por diversos autores como el antropólogo Mariano Cáceres-Olazo (4), el jurista Augusto Ramos Zambrano (5), el ingeniero Ignacio Frisancho (6), o los historiadores Atilio Sivirichi y Juan José Vega (7).
Lupacas coloniales:
Es bien sabido que el grupo étnico prehispánico de los lupacas prolongó su existencia bajo el régimen colonial español, especialmente durante los siglos XVI y XVII, debido a que los siete subgrupos que lo constituían —las “cabeceras” de Chucuito, Acora, Ilave, Juli, Pomata, Yunguyo y Zepita— no fueron asignados por separado como “encomiendas de indios” a otros tantos conquistadores. A diferencia de lo que ocurrió con los demás grupos étnicos andinos, Francisco Pizarro reservó a los lupacas de ser fraccionados en varias “encomiendas” y asignó en conjunto los tributos de sus caciques y pobladores para ser directamente entregados a la Corona española, constituyendo así una “encomienda real”. Por estar “en cabeza de Su Magestad” los lupacas pudieron conservar su integridad étnica por más tiempo que otros grupos étnicos andinos (8).
La localidad de Chucuito, que había sido la “capital” en la época incaica, continuó como la sede de la administración colonial hispana, dando además nombre a toda la provincia (e incluso al lago Titicaca, conocido en la época colonial como la “laguna de Chucuito”). En época del virrey Toledo (1569-1581), las “siete cabeceras” fueron transformadas en siete “reducciones toledanas” (9). Por su numerosa población en ese momento, cada “pueblo nuevo” contenía varias parroquias, establecidas para garantizar la evangelización de las “parcialidades” (“hanansaya” y “hurinsaya”) en que se subdividían las “cabeceras” del grupo étnico (10). En 1575-1578 la provincia fue convertida en una “gobernación” y los administradores de la “encomienda real” empezaron a ser nombrados en España con el título de “gobernadores”. Desde entonces, Chucuito recibió el rango de ciudad y se estableció una tesorería (las “Cajas Reales”) para el manejo del tributo de sus pobladores, así como del pago de los impuestos a la actividad minera (un 20% o “quinto real”) (11).
Paradójicamente, pese a que los lupacas mantuvieron su unidad territorial básica al estar bajo la autoridad del gobernador español de la provincia de Chucuito, el nombre étnico propio del grupo en lengua aimara casi no se encuentra en la documentación de la época colonial. El historiador australiano David Cahill reparó en este problema para el siglo XVIII: “los términos tradicionales de identificación étnica pasaron a un segundo plano ante el uso de referencias a la proveniencia geográfica, el aspecto físico “racial” y la pertenencia a un cacicazgo específico, como rasgos de diferenciación de grupos e individuos en la documentación que ha llegado a nosotros”. Esos documentos “frecuentemente dan la impresión de que las categorías étnicas tradicionales han sido subsumidas por las categorías hispánicas de “raza”, clase y “estamento” importadas de la metrópoli a las colonias americanas” (12). Cahill ofrece un ejemplo “local” del uso de esos términos étnicos tradicionales a partir de la breve mención que aparece en una carta del año 1781: “los indios reveldes nombrados Lupacas (que así se denominan los de la Provincia de Chucuyto)” (13).
La población de la provincia de Chucuito:
Por motivos fiscales, las autoridades coloniales contabilizaban con regularidad a la población indígena que pagaba el “tributo”, un impuesto que las señalaba como súbditos del rey y les garantizaba el acceso a sus tierras de cultivo. Pero no ocurría lo mismo con los otros grupos socio-raciales: los “españoles” (la población de origen europeo, ya fuesen nacidos en los Andes —a quienes ahora solemos referirnos como “criollos”—, o nacidos en España), los mestizos, ni los descendientes de africanos, negros o mulatos (ya fuesen individuos libres o esclavizados). Por eso es que contamos con más datos sobre la población indígena que sobre el total de los habitantes del Altiplano colonial.
Así, en 1767, según el “contador de retasas” Juan Andrés Carpfanger, la provincia de Chucuito seguía conformada por siete “repartimientos” (‘unidades tributarias’ o ‘sub-grupos fiscales’), con una población provincial total registrada de 28,082 personas (56% hombres y 44% mujeres). Había un total de 44 jefes étnicos y recaudadores fiscales del tributo (“caciques, segundas y cobradores”) y 6,095 indios tributarios (varones adultos entre 18 y 50 años de edad), divididos en 4,154 (68%) originarios (descendientes de la población inicialmente reasentada en la década de 1,570) y 1,941 (32%) forasteros (descendientes de migrantes llegados durante el siglo XVIII) (14). Era Chucuito la provincia con mayor población indígena registrada del Altiplano septentrional en ese momento.
En el año 1780, un funcionario de la “Renta del Tabaco” —el monopolio para la venta de tabaco y cigarrillos establecido por los reyes Borbones en 1752— describió detalladamente la provincia: “con 7 pueblos bajo su jurisdicción, que son: [1] la ciudad de Chucuyto (capital), [2] Acora, [3] Juli, [4] Ylabe, [5] Pomata, [6] Yunguyo y [7] Cepita”. Los tres primeros son de bastante extensión y número de habitantes, y en la capital reside el Gobernador y las Cajas Reales. Además déstos hay otra especie de pueblos que llaman asientos de minas con considerable número de habitantes en sus partidos [= circunscripciones]; éstos son los de [8] San Antonio de Esquilache, [9] Pichacani y [10] el Desaguadero [¿Huacullani?], cuyas minas de plata aunque están en decadencia tienen sugetas á su jurisdicción entre españoles é indios, la primera de 1,400 á 1,500 almas, 2,000 la segunda y otras tantas la tercera, siendo el total déstas en toda la provincia según la relación del Governador, de 50 á 60,000 con 400 milicianos armados” (15).
De este modo, en 1780, según el propio gobernador de la provincia, había de 50,000 a 60,000 habitantes. Y, según los datos oficiales de 1767, había por lo menos 28,100 pobladores indígenas registrados. Podría pensarse, entonces, que la mitad o más de la población era indígena (“indios de comunidad”), dedicada básicamente a labores agrícolas y ganaderas: más de 6,100 familias, bajo la autoridad de 44 caciques de diverso rango y de cobradores de tributo. Y que la otra mitad, dedicada principalmente a la minería y al comercio, estaba compuesta de pobladores mestizos y “españoles” (peninsulares y “criollos”), así como de un porcentaje de indios no registrados oficialmente. Cuando estalló la rebelión tupacamarista, el gobernador interino de Chucuito era el abogado madrileño Ramón de Moya y Villarreal [n.ca.1745-m.ca.1815], quien acababa de asumir el cargo en marzo de 1780 (16).
El Altiplano contra Túpac Amaru (1780):
La captura y ejecución pública del corregidor de Tinta, Antonio de Arriaga, el viernes 10 de noviembre de 1780, marcó el inicio de la rebelión. La noticia llegó al Cuzco en pocos días, donde se formó una Junta de Guerra para combatir al cacique José Gabriel Túpac Amaru. La Junta escribió a los corregidores del Altiplano para que movilizaran a sus milicias provinciales y prepararan un ataque (14 de noviembre), dado que las provincias de Tinta y Lampa eran limítrofes entre sí (ambas de la jurisdicción del obispado del Cusco, aunque desde 1776 pertenecían a dos virreinatos distintos, Lima y Buenos Aires).
Al mismo tiempo, Túpac Amaru escribía a los caciques de las provincias surandinas para que apresaran a sus corregidores (15 de noviembre). Conocemos dos de estas misivas, enviadas a los caciques Bernardo Sucacagua (Umachiri, Lampa) y Diego Choquehuanca (Azángaro), porque los destinatarios las entregaron inmediatamente a sus respectivos corregidores, denunciando al cacique rebelde y proclamando así su propia fidelidad al rey de España. El corregidor de Lampa, el oficial naval Vicente Horé [n.1752-m.ca.1815], convocó a los demás corregidores a reunir todas las milicias provinciales en Ayaviri, para enfrentar desde allí la rebelión.
El 25 de noviembre, el gobernador Moya movilizó a las milicias de la provincia de Chucuito: seis compañías con 451 milicianos (68 oficiales y 383 soldados), más 80 indios para conducir a las 40 mulas de carga en las que llevaban alimentos y pertrechos (17). Pero, debido a su inexperiencia, desorganización y a la confusión causada por los rumores sobre el avance rebelde (especialmente tras la victoria de Sangarará del 18 de noviembre), las milicias de las cinco provincias altiplánicas se replegaron de Ayaviri hacia el pueblo de Lampa. En diciembre, Túpac Amaru entró a la provincia por el pueblo de Macari (día 4), avanzando hasta Ayaviri (día 6).
Las milicias y los corregidores de Lampa, Azángaro y Carabaya entraron en pánico, se desbandaron y huyeron hacia Arequipa, mientras que los de Paucarcolla y Chucuito volvieron un poco más ordenadamente a sus provincias (día 6). Cuando las milicias regresaron a Chucuito (día 7), 5 milicianos y 50 indios habían desertado. El gobernador Moya salió de Chucuito en dirección a Moquegua (día 10) y el corregidor Orellana fue de Puno hacia Arequipa (día 11). Túpac Amaru entró en las capitales provinciales de Lampa (día 10) y Azángaro (día 13), regresando victorioso a Tinta.
Lupacas rebeldes (1781):
Un mes después, el corregidor Orellana regresó a Puno (10 de enero), llamando a los españoles dispersos en los pueblos del Collao a llevar sus armas a la villa. A fines de enero, tras el fallido cerco del Cusco, Túpac Amaru regresó al Altiplano, buscando refuerzos y pertrechos en Lampa, Azángaro y Carabaya. A inicios de febrero, el gobernador Moya regresó a Chucuito y coordinó con Orellana la defensa contra los rebeldes tupacamaristas collas de las provincias del norte. El 1º de marzo, el cacique de la parcialidad Anansaya del pueblo de Chucuito, capitán Cayetano Berrasueta, presentó al gobernador Moya una “compañía de indios fieles” formada por 85 “indios milicianos” (18). Asimismo, el cacique interino de Pomata, José Toribio Castilla, comandaba un cuerpo de caballería (19).
Fue en el mes de marzo que se generalizó la rebelión en el Altiplano. La villa de Puno fue atacada desde el norte, pero Orellana y Moya pudieron rechazar a los rebeldes collas (días 10 y 11). A esto se sumó el inicio del cerco de la ciudad de La Paz (día 14), dirigido por el líder aimara Julián Apaza “Túpac Catari”. Sus emisarios lograron movilizar a los lupacas de la provincia de Chucuito, comenzando por los pueblos de Desaguadero, Zepita y Yunguyo (día 16). Se produjeron luego ataques rebeldes en Pomata, donde murió el cacique Toribio Castilla (día 20), y en Juli, donde mataron a los caciques Rafael Paca y Fermín García Llaclla (días 24 y 25).
Poco más de una semana después, ya en el mes de abril, los rebeldes lupacas atacaron y destruyeron la ciudad de Chucuito (días 2 y 3). Herido durante los combates, el gobernador Moya salió de Puno para Arequipa (día 8). La villa de Puno fue atacada por segunda vez, en esta oportunidad desde el sur: el ataque fue dirigido por Pascual Alarapita, enviado por Túpac Catari, y por el líder lupaca Isidro Mamani (días 9 y 10). El corregidor Orellana logró resistir este nuevo ataque, mientras que los indios de Acora capturaron y entregaron a Isidro Mamani (día 11). Los rebeldes lupacas se retiraron hasta Ilave y Juli. En esos momentos José Gabriel Túpac Amaru ya había sido capturado (día 6) y su primo Diego Cristóbal Túpac Amaru tomaba el mando de los rebeldes en Azángaro.
En el mes de mayo Diego Cristóbal Túpac Amaru planificó atacar las villas de Puno y de Sorata (Larecaja). Personalmente llegó hasta las inmediaciones de Puno desde el norte (día 6), dando inicio al cerco de la villa puneña, que duró 17 días (del 7 al 23). Contaba con apoyo desde el sur, de los rebeldes lupacas liderados por Andrés Barra (desde el día 8). Sin embargo, un ejército proveniente del Cusco cruzaba el Altiplano en dirección a Puno, comandado por el ‘inspector general’ José del Valle. Informado de su avance, Diego Cristóbal dejó el cerco (día 10), dirigiéndose a Carabaya. Cuando las tropas realistas llegaron finalmente a Puno, los rebeldes lupacas se retiraron al sur (día 23). Afectado por las deserciones de sus soldados, Del Valle decidió despoblar la villa y llevar al Cusco a sus habitantes (día 26). Todo el Altiplano quedó en poder de los tupacamaristas.
La “pacificación” de los lupacas (1782):
La derrota de la rebelión fue posible no solamente por la confluencia de expediciones militares llegadas al Altiplano desde Lima, Cusco y Arequipa, o desde Buenos Aires, Tucumán y Cochabamba, todas ellas reforzadas por milicias provinciales y contingentes de indios leales movilizados por sus caciques. Esas tropas enfrentaron el problema permanente de las deserciones, así como carencias y demoras debidas a limitaciones logísticas del transporte y de pertrechos militares. Este ineficiente ejército colonial, sin embargo, utilizó dos estrategias políticas para enfrentar a los rebeldes: deslegitimar a sus líderes mediante la prédica de la Iglesia católica colonial, y desmovilizar a los ejércitos indígenas con el ofrecimiento de indultos y perdones si abandonaban a sus caudillos. El indulto del virrey del Perú, Jáuregui (12 de setiembre, 1781), fue reconfirmado por otro del virrey Vértiz de Buenos Aires (21 de enero, 1782).
La pacificación del Collao ocurrió a lo largo del año 1782, después de que Diego Cristóbal Túpac Amaru aceptara en Sicuani el indulto general ante el obispo del Cusco y el ‘inspector’ Del Valle (26-27 de enero). El proceso incluyó no solo operaciones militares, sino también acciones políticas, buscando restablecer los lazos de subordinación colonial de las comunidades con las autoridades españolas: se negoció tanto con las comunidades que mantuvieron a sus caciques, como aquellas que carecían de ellos por haber muerto durante la rebelión. Tres fueron los puntos básicos de esta negociación: (a) acogerse al indulto y entregar a los líderes rebeldes que no se sometieran, (b) empezar a pagar el tributo, incluyendo los rezagos, y (c) enviar mitayos a Potosí. Así, los pilares esenciales del sistema colonial en el Sur Andino fueron gradual y prudentemente restablecidos durante aquellos meses.
En noviembre de 1781, el comandante Ramón Arias reunió en Arequipa un ejército de 2.300 hombres para dirigirse al Altiplano, con destino a la ciudad de La Paz. Participaron también en la expedición los corregidores de Lampa, Azángaro y el gobernador de Chucuito. El gobernador Moya estuvo de vuelta en su provincia a inicios del mes de enero de 1782. En la ciudad de Chucuito pasó revista a los “provincianos” o milicianos con los que contaba en ese momento (día 8) (20). Moya tuvo a sus milicianos en armas por más de tres meses hasta que, “atendiendo a la quietud de los indios, los despachó a sus pueblos desde el de Zepita” (11 de abril), manteniendo después solamente una compañía estable de 52 hombres (9 oficiales y 43 soldados) (21).
Por su parte, la columna del comandante Arias chocó con los rebeldes dirigidos por Melchor Nina Laura en el cerro Caracollo (Santa Bárbara), en los altos de Juli (19 y 20 de enero). Las fuerzas de Arias en ese momento incluían “indios de Chucuyto, Acora e Ylabe, que han estado prontos y fieles a mis órdenes” (22). Un mes después, dejando en Zepita “el grueso del Exército”, continuó con 900 hombres hacia La Paz (21 de febrero), donde “los yndios del Río Abajo… no dan paso para que se trabajen las haciendas de los Yungas” (23). El líder de los rebeldes en “la quebrada del Río Abajo”, en la provincia de Chulumani o Yungas, era Blas Choque (24). La campaña represiva contra los indios collanas y yungueños, dirigida por el comandante Sebastián de Segurola, se prolongó por dos meses (del 18 de abril al 15 de junio). Las fuerzas de Arias contaron con el apoyo de 1,000 indios lupacas enviados por el gobernador Moya (25).
De este modo, colaborando en la represión de aquellas comunidades que aún se mantenían sublevadas, es que los lupacas restablecieron efectivamente los lazos de subordinación de sus comunidades a las autoridades españolas. La “pacificación” se había logrado tras seis meses de dura presencia militar y de renovados pactos de obediencia colonial.
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Notas:
1. Publicado por primera vez por Pedro de Ángelis [1784-1859], ed., Documentos para la historia de la sublevación de José Gabriel Tupac-Amaru, cacique de la provincia de Tinta, en el Perú (Buenos Aires: Imprenta del Estado, 1836), pp. 60-103. Esta documentación fue nuevamente publicada por Manuel de Odriozola [1804-1889], ed., Colección de Documentos Históricos del Perú (Lima: Tipografía de Aurelio Alfaro, 1863), tomo I, pp. 167-205. Finalmente como “Relación” (Cuzco, 17 de julio de 1781), en CDIP, tomo II, vol. 3, doc. 214, pp. 37-80. El informe del corregidor Orellana, sin embargo, lleva el erróneo título de: “Relación del cacique [sic] de Puno”.
2. Informes insertos en el “Diálogo” de Melchor de Paz y Guiní, secretario de los virreyes Guirior y Jáuregui, publicado por Luis Antonio Eguiguren [1887-1967], ed., Guerra separatista: Rebeliones de indios en Sur América. La sublevación de Tupac Amaru, crónica (Lima: Imprenta Torres Aguirre, 1952), 2 vols.
3. Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú [CNSIP], La Rebelión de Túpac Amaru. Ed. y prólogo de Carlos Daniel Valcárcel [1911-2007] (Lima: Colección documental de la Independencia del Perú [CDIP], 1971-1972), tomo II, vols. 1-4. El vol. 4, con documentación del Archivo General de la Nación, fue compilado por su entonces director, Guillermo Durand Flórez [1915-1986].
4. Jorge Mariano Cáceres-Olazo Monroy [1943-2011], La rebelión Tupac Amarista en el departamento de Puno (Puno: Achancakay, 1973), 118 p.
5. Augusto Ramos Zambrano [1929-2012], “Vilca Apaza y aspectos de la revolución Tupacamarista en Puno”, en: Luis Durand Flórez [1919-1995], ed. La revolución de los Tupac Amaru: Antología (Lima: CNBRETA, 1981), pp. 149-202; incorporado en su libro Puno en la rebelión de Túpac Amaru (Puno: Universidad Nacional Técnica del Altiplano, 1982), 425 p.
6. Ignacio Frisancho Pineda [1923-2005], “El Altiplano Puneño de Túpac Amaru a Pumacahua”, en: Álbum de Oro (Puno: Edit. Los Andes, 1981), vol. V, pp.69-134; incorporado en su libro Historia del desarrollo científico y tecnológico en el Altiplano peruano (Lima: Editorial Gráfica Labor, 1989), 253 p.
7. Atilio Sivirichi Tapia [1905-2000] y Juan José Vega Bello [1932-2003], “Continuación de la lucha de los Túpac Amaru (1781-1783)”, en: Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú [CPHEP], Historia General del Ejército Peruano (Lima: Talleres de la Imprenta del Ministerio de Guerra, 1984), tomo IV, vol. 1, pp. 2-128.
8. John V. Murra [1916-2006], “Un reino aimara en 1567” [1968, 1970], en: Formaciones económicas y políticas del mundo andino (Lima: IEP, 1975), cap.7, pp.193-223; y El mundo andino: Población, medio ambiente y economía (Lima: PUCP, IEP, 2002), cap.11, pp.183-207.
9. Catherine J. Julien, Kristina Angelis, Alexander Voss, y Annette Hauschild, eds. Toledo y los Lupacas: Las tasas de 1574 y 1579 (Bonn: Markt Schwaben, 1993; Bonner Amerikanistische Studien, vol. 23).
10. Norman Meiklejohn, La Iglesia y los Lupaqas de Chucuito durante la colonia [1984] (Cuzco: CBC, IEA, 1988).
11. Véase “La ciudad de Chucuito en la Época Colonial”, en Nicanor Domínguez Faura, Aproximaciones a la Historia de Puno y del Altiplano (Puno: Dirección Desconcentrada de Cultura, 2017), cap. 7.1, pp.123-127.
12. David P. Cahill [1948-2023], “Colour by Numbers: Racial and Ethnic Categories in the Viceroyalty of Peru, 1532-1824”, Journal of Latin American Studies, vol. 26, no. 2, May 1994, pp.325-346; la cita en pp.333-334 (traducción de NDF).
13. Es una carta del contador de la Caja Real de Chucuito, Pedro Félix Claverán Rendón, al visitador Areche, fechada el 29 de mayo de 1781 (AGI, Audiencia de Lima, leg. 1044); ver el artículo citado, p.333, nota 21.
14. Biblioteca de Catalunya (Barcelona), “Razon que da Dn. Juan Andres Carpfanger, Contador de Retazas de este Reyno, de orden verbal del Exmo. Señor Virrey Frey Dn. Manuel de Amat y Junient; de los Yndios de todas clases que segun las ultimas Revisitas se numeraron en las Provincias suxetas al Obispado de la Paz, con distincion de los Repartimientos de que se compone cada vna, numero de Curas que los Doctrinan, y Synodos que estos tienen señalados en las ultimas Retasas, en los Tributos que pagan los mismos Yndios” (Lima, 7 de Sep[tiemb]re de 1767), Ms.400/85, 7 fs.; “Provincia de Chucuito”, fs.4v-5r.
15. Francisco de Paula Sanz [1745-1810], “Descripción e Informes” (1780-1781), en: Víctor M. Maúrtua [1865-1937], ed., Juicio de Límites entre el Perú y Bolivia: Contestación al Alegato de Bolivia (Barcelona, Buenos Aires, 1907), tomo IV; cita en pp.275-276.
16. Virrey Juan José Vértiz, “Relación oficial” (Buenos Aires, 31 de diciembre de 1783), en Maúrtua, ed. 1907, tomo IV, pp. 333-337; Moya figura en pp. 334-335.
17. Véase CDIP, tomo II, vol. 4.
18. Véase CDIP, tomo II, vol. 4. Pese al apellido vasco (Berretxueta o “Berrezueta”), don Cayetano Berrasueta era miembro de la familia de caciques Cutimbo de Chucuito y fue cacique de Anansaya entre 1766-1792; véase Sinclair Thomson, Cuando sólo reinasen los indios: La política aymara en la era de la insurgencia [2002] (La Paz: Muela del Diablo Editores, 2006), pp. 85-91, 359 (notas 24-28 del cap.3); en base a ABNB (Sucre), EC 1793, no.11.
19. El cacique Castilla tuvo apoyo indígena en Pomata cuando el gobernador Mateo de la Cuadra intentó deponerlo (en 1773); pero los comuneros lo desafiaron cuando defendió al gobernador Benito Vial (en 1777); véase Thomson 2006, pp.378-379 (notas 87-88 del cap.4), con base en AGNA (Buenos Aires), IX 32-1-6. A fines del siglo XVII los hermanos Ignacio y Francisco de Castilla presentaron ante la Audiencia de Charcas un memorial y una probanza reclamando ser descendientes de indios nobles y de incas de Juli; véase Nelson Castro Flores, “Estrategias familiares, práctica jurídica y comunidad de memoria. Los descendientes de Tito Alonso Atauchi y Viracocha Inca en Charcas, Siglos XVI-XVIII”, Estudios Atacameños (San Pedro de Atacama), no. 61, 2019, pp.185-186; con base en ABNB (Sucre), EC 1691, n.º 20.
20. Véase CDIP, tomo II, vol. 4, p.172.
21. Véase CDIP, tomo II, vol. 4.
22. Véase «Carta” de Ramón Arias (Juli, 21 enero 1782), CDIP, tomo II, vol. 3.
23. Véase “Carta” anónima (Arequipa, 3 mar. 1782), CDIP, tomo II, vol. 3.
24. Véase “Carta” de Ramón Arias (La Paz, 14 mar. 1782), CDIP, tomo II, vol. 3.
25. Véase “Diario y operaciones de la columna de Arequipa” (Palca, 27 de mayo de 1782), CDIP, tomo II, vol. 3.
