EntrevistA de ALTIPLANIA
La represión de las protestas de diciembre del 2022 a febrero del 2023 ha sido el episodio de violación de derechos humanos más grave en la historia reciente del Perú. Así lo ha denunciado Amnistía Internacional y otros cuatro organismos internacionales (2024). Cincuenta personas fueron asesinadas y más de 1400 heridas, en hechos que tuvieron un claro sesgo racista en contra de personas de comunidades indígenas y campesinas, dentro de una estrategia intencional y coordinada que “apuntaría a la posible responsabilidad de los altos oficiales del Estado peruano, incluyendo la presidenta y sus ministros”.
En esos hechos se encuentra la masacre en Juliaca del 9 de enero del 2023, Sandia y otros lugares de la región Puno, tragedias que ha enlutado a numerosas familias, las que sobreponiéndose a su dolor han iniciado, junto con la población de Juliaca y Puno en general, para que se sancione ejemplarmente a los responsables, directos e indirectos, y que estos hechos no se repitan. En este número de la revista, dedicado a la “ciudad de los vientos”, ALTIPLANIA entrevista a Raúl Samillán Sanga, presidente de la Asociación de Padres y Víctimas de la masacre del 9 de enero del 2023 de la ciudad de Juliaca de la región de Puno. Raúl es hermano de Marco Antonio Samillán Sanga, médico internista de 31 años, asesinado cuando prestaba auxilio a las personas heridas durante las protestas.
¿Estimado Raúl, cómo nació la “Asociación de mártires y víctimas del 09 de enero Juliaca – Puno”?
Una semana después de haber vivido la masacre tuvimos contacto con otros familiares; nos conocimos en el hospital y luego nos juntamos, por primera vez, unas 5 o 6 personas, puros valientes, y empezamos la primera movilización en la misma ciudad de Juliaca. Con nuestros familiares acompañándonos, salimos a protestar, con el pasar de los días se fueron juntando más y más familiares. Así, el 8 de febrero tuvimos una reunión en la Parroquia Pueblo de Dios, ahí nos reunimos también con algunos heridos de la masacre y los dolientes de las víctimas. Ese día se formó la asociación.
Han pasado ya más de dos años ¿cuál es la situación de los procesos judiciales para investigar y sancionar a los responsables?
Con la Fiscal de la Nación Patricia Benavides nos cambiaron en cinco ocasiones los fiscales encargados del caso, dilatando así la investigación. Incluso se han omitido algunas diligencias importantes, como, por ejemplo, las pruebas de absorción atómica, para identificar restos de pólvora, a todos los efectivos policiales que se encontraban por las inmediaciones del aeropuerto. En la actualidad ya son 6 fiscales que han visto el caso, porque en el actual periodo de la Fiscal de la Nación, señora Delia Espinoza, también han cambiado al fiscal a cargo. En la región de Puno existen más de 20 carpetas fiscales, pero dos son, digamos, las más importantes. Una es la de los 18 asesinados y heridos del día 9 de enero del 2023 en Juliaca y la otra carpeta es del 18 de enero en la ciudad de Macusani, donde también fueron asesinados dos hermanos. Pero, no solamente en esos días hubo heridos, sino también el 6 de enero, el 7 y 8 de enero y el 9 de febrero. Hay muchas otras denuncias para las cuales también se han ido formando carpetas.
Nosotros hemos logrado que se formalicen las denuncias y las investigaciones. Con la fiscal doctora Nancy Chávez, cuando todavía se encontraba a cargo el fiscal interino Juan Carlos Villena doctor Valdivia. En ese periodo logramos un avance en la formalización. Hasta ahí hubo un buen avance, pero con el cambio de fiscales, ha venido la demorado. Son más de 90 tomos de investigación que se tienen que avanzar. Entonces, la preocupación de los familiares es por esos cambios de fiscales, por eso pedimos a la doctora Delia Espinoza que no haya más cambios, pero hizo caso omiso a nuestro pedido.
Ahora hemos solicitado la ampliación de la investigación por 8 meses más, porque las investigaciones concluían en el mes de enero y necesitamos seguir ingresando más pruebas, a fin de que en el juicio no se caigan las investigaciones y se dicte una sentencia a los responsables directos e indirectos.
¿Se ha identificado a los responsables directos e indirectos de la masacre?
Bueno, a los responsables directos todavía, pero a los indirectos sí. Ahí tenemos el informe de Amnistía Internacional, el libro de Américo Zambrano “Nuestros muertos”. El informe de Amnistía Internacional evidencia claramente quiénes dieron la orden, desde la presidenta, los ministros a cargo y los altos mandos, para que dispararan en la ciudad de Juliaca, como en Macusani y otras regiones. Ellos tenían conocimiento sobre estos asesinatos, ellos han ordenado esos operativos que en Juliaca han dejado 18 asesinados en un solo día y más de 500 heridos. En el caso de los responsables directos, es decir los que han disparado, todavía no se tiene pleno conocimiento y se continúa con las investigaciones.
En la lucha contra la impunidad que está librando la Asociación ¿han sido hostilizados, qué situaciones se han presentado en ese sentido?
Desde el primer momento fuimos revictimizados. Hubo bastante hostilidad, incluso amenazas. El mismo día 9 de enero la Policía Nacional del Perú llegó al hospital para amedrentar, intimidando a los hermanos heridos y a los familiares diciendo que los iban a denunciar por terrorismo y que iban a ir a la cárcel por más de 10 años. Incluso quisieron hacer firmar hojas en blanco a los heridos, esto ha hecho que muchos heridos no hicieron la denuncia y tuvieron que salir huyendo del hospital, por la amenaza de que los iban a denunciar por terrorismo.
Todo eso ha hecho que, en la actualidad, solo haya un promedio de 109 heridos cuyos casos se estén investigando, son los que hicieron sus denunciadas y están siguiendo el proceso judicial. Según fuentes del MINSA, el 9 de enero hubo más de 254 sobrevivientes, sin embargo, sabemos que hubo más personas heridas por la cantidad de balas utilizadas y la forma en que actuó la policía. Fueron más de 500 los heridos, muchos de ellos nunca llegaron al hospital, se han atendido en clínicas o en sus casas, desconociéndose el paradero de muchos hermanos que también son sobrevivientes de la masacre.
Por eso nosotros queremos que en un futuro gobierno se constituya una Comisión de la Verdad para que esos hermanos también puedan salir a la luz y hacer sus denuncias. No podemos permitir que el Estado violente nuestros derechos, los culpables tienen que ser sancionados como corresponde, como dicta nuestra Constitución Política del Perú.
¿Cuántas personas fueron asesinadas por las protestas en Puno? ¿Cuál es la situación de los heridos y de las familias?
En el caso de los de los que fueron asesinados en la región de Puno tenemos un total de 29 asesinados. Son 22 asesinados en las protestas, más el policía muerto por un colega suyo, y los 6 soldaditos ahogados en el rio Ilave por negligencia de los altos mandos. De los 22 asesinados, 19 fueron muertos en Juliaca, uno en Ilave y dos en Macusani. Con los otros serían en total 29. Como dije los sobrevivientes, es decir los heridos, en la ciudad de Juliaca superan los 500. Pero en la asociación hay un promedio de 60, que prácticamente han quedado en discapacidad, unos han perdido la vista por los perdigones. Tenemos hermanos que tienen más de 120 perdigones en el cuerpo, o sea, tienen balines de metal, por lo cual su vida está en peligro, en cualquier momento por la geografía que tiene Puno, un rayo podría acabar con su vida. Tenemos también hermanos que siguen con balas en el cuerpo y han tenido más de 3 operaciones, como es el caso del hermano Cueto, de Azángaro, el hermano Belardino Quispe y muchos otros.
Después de la masacre, el gobierno nunca ha atendido a las personas afectadas. Más bien hizo caso omiso a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para que se les brinde una atención de salud de calidad para que puedan recuperarse. Por ello la situación es crítica, muy crítica. Muchos de los afectados han dejado de trabajar, se han quedado a cargo de sus familias y han tenido que despojarse de muchos bienes para seguir viviendo. De igual manera sucede con nuestros hermanos dolientes, hay muchos huérfanos y viudas. En el caso de Macusani, son 3 niños los que están que están en abandono, porque la mamá sólo tenía los ingresos del papá y ahora están en una situación difícil, su salud se ha ido deteriorando. Es bien crítico, es difícil contar cada historia. Hasta el momento el Estado no ha dirigido su atención en ellos, no ha hecho algo por esas familias. Esa es la situación que viven en la actualidad todos los familiares dolientes y los sobrevivientes.
El 9 de enero del presente año la Asociación realizó un evento muy importante conmemorando la masacre del 2023, evento que tuvo alcance nacional e internacional. ¿Qué objetivos y que resultados tuvo la conmemoración?
Hicimos una conmemoración el año 2024 y también este 2025. En la primera conmemoración logramos concentrar más de 20,000 personas en el óvalo y bypass ubicado a la salida de Juliaca hacia el Cusco. Llegaron hermanos de diferentes provincias de la región de Puno para acompañarnos en esa primera vez. En este segundo año, llegaron personas de otras regiones, estuvieron los hermanos de la universidad de San Marcos y de la universidad Católica, quienes estuvieron acompañándonos allá en Lima, cuando hicimos nuestras movilizaciones. Llegaron también diferentes colectivos del Cusco, Arequipa, de muchas regiones del país. Logramos así visibilizar, hacer memoria e incidencia para que ese tipo de sucesos no vuelvan a suceder.
Por eso nosotros continuamos firmes, decididos a alcanzar justicia. Pase lo que pase y a pesar de todas las dificultades de cada uno de los familiares de las víctimas de este gobierno. Hemos quedado muy contentos por el apoyo de la población que no olvida lo ocurrido, y ese es el objetivo. Estas masacres no deben volver a suceder. Anteriormente, en el 2011 asesinaron a 6 hermanos Azangarinos y no se les hizo justicia y han pasado más de 13 años. Los gobiernos se han acostumbrado a asesinar y normalizar este tipo de situaciones cuando la gente se olvida. Nosotros no queremos que esto continúe. Queremos ponerle un alto a este tipo de masacres, logrando que sean sancionados drásticamente quienes atentan contra la vida de nuestros hermanos peruanos. Que quede como ejemplo para que los futuros gobernantes y altos mandos de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas, respeten la vida de todos los peruanos.
Por el contrario, en estos casos se pretende estigmatizar a los defensores de los derechos humanos ¿cómo ha sido en el caso de ustedes?
Dentro de nuestra Constitución Política el derecho a la vida y la dignidad humana son fundamentales, pero en este gobierno eso ha sido lo primero que se ha vulnerado. Se afectado nuestra dignidad tildándonos de terroristas, vándalos, delincuentes y “ponchos rojos” y otros adjetivos que, desde el gobierno, desde el Congreso, siguen mencionando, sabiendo que nosotros hemos perdido a nuestros seres queridos, personas inocentes, personas que no estaban ligadas a ninguno de esos grupos. Eran personas de bien, personas con estudios profesionales, incluso niños, niñas. Por eso seguiremos haciendo memoria para que esto nunca más vuelva a suceder. (Nota: Brayan Apaza Jumpiri, Elmer Zolano Leonardo y Jhamileth Aroquipa Hancco tenían 15, 16 y 17 años y no participaban en las protestas).
Gracias Raúl. ¿Cuáles son las próximas actividades en esta lucha por la memoria y en contra la impunidad?
Bueno, nosotros a nivel de la región de Puno tenemos programadas actividades para el 7 de junio, el día de la bandera. Para el 21 de junio, día del año nuevo andino, tendremos una actividad a nivel nacional, porque también estamos constituidos como una organización nacional, inscrita en registros públicos. Allí contamos con la participación de regiones afectadas como Cusco, Apurímac, Ayacucho y Pichanaqui en Junín, cuyos representantes también son parte de la junta directiva de esa organización nacional. Queremos unificar al Perú, ya estamos teniendo contacto con los hermanos violentados en los años 80 y 90, lo que queremos es unir a todas las víctimas a nivel nacional y que todos en conjunto puedan alcanzar justicia y que Estado tenga que reparar el daño causado.
En ese sentido, tenemos una actividad para el mes patrio, del 26 al 28 o 29 de julio. Nuevamente llegaremos a la capital, esta vez trataremos de ser un mayor número. El año pasado logramos llevar unas 150 personas de las diferentes regiones, todas víctimas, heridos y dolientes. Y esta vez nuestra meta es llegar a unas 200 personas, para se conozcan los demás casos. Para ello estaremos haciendo una serie de actividades, como rifas a nivel nacional, y esperemos que la población del Perú nos siga apoyando, porque sin su apoyo nosotros no vamos a poder movilizarnos. Pues, como mencione, los familiares no cuentan con los recursos económicos. Son familias de extrema pobreza, hay muchos huérfanos, la economía es muy precaria, por eso necesitamos el apoyo del pueblo peruano y de los hermanos que se encuentran en el extranjero. Sobre nuestras actividades estaremos informando a través de la página de Facebook de nuestra asociación (https://www.facebook.com/AsociacionMartiresVictimas9ENE/?locale=es_LA).
Referencia: Amnistía Internacional (11/12/2024). Pronunciamiento conjunto. A dos años de la represión de las protestas en Perú, la justicia para las víctimas es un pendiente urgente. https://www.amnesty.org/es/documents/amr46/8837/2024/es/
