Puno, pueblo digno, solidario y corazón latente de las movilizaciones en el país, se encuentra, desde diciembre del año pasado, luchando y exigiendo la renuncia de Dina Boluarte, nuevas elecciones, y referéndum para una asamblea constituyente, entre otras demandas históricas y reivindicativas. Pero la pugna por acceso a derechos cívicos – políticos no es la única que han primado en esta región de quechuas y aimaras. Es erróneo pensar que la manipulación, la ignorancia o la informalidad caracterizan nuestras luchas, absurdo creer que nuestro arraigo territorial es sólo un símbolo o algo autóctono que llevamos impregnado en nuestra identidad, la defensa y protección de la Pachamama y el majestuoso Lago Titicaca han sido agendas de permanente reactivación de la conflictividad social.
Antes de tener una participación política altamente activa en la agenda nacional, a diciembre del 2022 la Defensoría del Pueblo resaltaba que Puno era la quinta región con mayor conflictividad social en el país, registrando 13 conflictos, 9 activos y 4 latentes, los cuales cerraron a junio del 2023 con 11 conflictos activos y 2 latentes. Cabe precisar que 8 de estos conflictos activos son de tipo socioambiental, 5 de ellas vinculadas al sector minero y 3 a problemas de disposición de residuos sólidos. En esta región la defensa del medio ambiente ha sido una agenda histórica, permanente y poco atendida por las autoridades. Para entender estas demandas profundizaremos en tres casos en particular y que nos plantean avances y desafíos en la agenda minero ambiental de Puno.
EL AIMARAZO Y LA DEFENSA DEL TERRITORIO QUE INTERPELA LAS CONCESIONES MINERAS.
En el año 2011 se genera una de las movilizaciones más históricas de Puno, liderada por la zona sur (zona aimara) y la cual recibe respaldo de poblaciones quechuas frente a toda una cadena de demandas. En aquellos años, Puno era la segunda región con mayor número de áreas concesionadas después de Arequipa (Pinto, 2013). El interés por generar la explotación de plata se concentró en los distritos de Kelluyo y Huacullani, ambos dentro del Área de Influencia Directa del proyecto Santa Ana según el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa Bear Creek Mining Company, Sucursal Perú (BCMC-SP). Pero también existían otros distritos y comunidades que serían afectadas por las labores mineras al formar parte del Área de Influencia Indirecta, tales como Pomata y Zepita.
La oposición a la concesión minera marcó un gran precedente para cuestionar la facilidad con la que se otorgan a terceros los derechos del uso territorial en nuestro país; pues, basta con pagar 300 dólares al año para adquirir una cuadricula de 100 m2. Además, evidenció que el Estado no tiene la suficiente capacidad para garantizar acceso a la información y supervisión ambiental, ya que existían fundados temores de contaminación ambiental y de alteraciones en la salud de las personas, las cuales se oponían al inicio del proceso de la exploración minera.
El proyecto no se dio, pero la criminalización de la protesta y la persecución a sus lideres y dirigentes fue la estrategia utilizada por el Estado y la empresa para silenciar algunas voces opositoras. Los aimaras resistieron y protegieron sus recursos naturales y el derecho a decidir sobre su territorio; en cierta medida, fue un triunfo para garantizar el control territorial y resguardar la protección ambiental y la salud de las poblaciones.
EL ENVENAMIENTO DE LA CUENCA LLALLIMAYO. LA LARGA ESPERA PARA CUMPLIR CON EL CIERRE DE LA MINA ARUNTANI
Hace 8 años la contaminación de la cuenca Llallimayo mostraba uno de los desastres ambientales más emblemáticos para la región de Puno y el Perú. La coloración amarillenta y rojiza del río que provenía de zonas de descarga de aguas de la empresa Aruntani SAC había arrasado y matado a centenares de animales que tomaron de esa agua, los cultivos y la zona de pastoreo se encontraban dañados, los riesgos a la salud de los pobladores que vivían cerca de la zona se estaban deteriorando.
En el 2019 el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA interpuso una sanción a la empresa minera, la ex ministra de medio ambiente Lucía Ruiz constató in situ la situación crítica de esta zona, años previos, diversas autoridades como congresistas, gobernadores regionales, alcaldes distritales y provinciales también vieron el desastre ambiental, pero la empresa continúo haciendo caso omiso a las disposiciones administrativas y protestas pacíficas que hicieran las poblaciones afectadas, que incluía a los distritos de Cupi, Llalli, Umachiri de la provincia de Melgar y el distrito de Ocuviri de la provincia de Lampa.
Las medidas de respuesta desde el gobierno nacional estuvieron marcadas por la R.M. 112-2016-PCM para la instalación de la “Mesa de Trabajo para el Desarrollo de los Distritos de Ocuviri, provincia de Lampa, departamento de Puno”, en la actualidad el proceso de diálogo esta inactivo, y los reclamos de las comunidades continuan a pesar de que en esos años se determinó que la afloración del agua tenía un pH de 3.78 (aguas ácidas). Años después emitieron una declaratoria de emergencia en la zona a partir del Decreto Supremo N° 165-2021-PCM, la situación ambiental para estos distritos no ha cambiado, pero el riesgo a su salud humana sigue latente.
Las entidades competentes como el OEFA ya determinaron la presencia de sustancias tóxicas como aluminio, cobalto, hierro y manganeso, además de poseer aguas con pH ácido (Informe OEFA N°077 – 2017). En ese marco, surge la gran pregunta ¿Qué acciones se deben emprender ante una situación de envenenamiento masivo a poblaciones indígenas? Lamentablemente ni el Estado ni la empresa han hecho algo para llevar algún tipo de solución a esta problemática.
LA CONTAMINACIÓN DE LA CUENCA DEL COATA
Los distritos de Coata, Huata, Capachica y Caracoto vienen denunciando hace varios años los graves impactos al medio ambiente y a la salud de la población a causa de los vertimientos de aguas residuales e industriales que desembocan en los ríos Ramis, Coata, Huancané y Suches. Las evidencias en las cuales se basan provienen de entidades del Estado como la Dirección Regional de Salud Puno (DIRESA), Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental (DESA), Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, las cuales informaron que el agua de consumo humano en la zona contiene sustancias tóxicas como boro, hierro, manganeso, sodio, arsénico, así como también existe gran cantidad de coliformes totales. Todos estos con parámetros por encima de los límites máximos permisibles de acuerdo con los informes de las entidades mencionadas.
El 2019 la Autoridad Nacional del Agua – ANA también puso en evidencia que la contaminación del río Coata provenía de 21 vertimientos (8 municipales, 4 industriales, 7 botaderos de residuos sólidos y 3 descargas in situ), con parámetros que excedían los Estándares de Calidad Ambiental – ECA como pH, conductividad eléctrica, mercurio, plomo y zinc hasta en 19 puntos de monitoreo.
Pero esta crisis ambiental se extendió al deterioro de la salud de las personas, ya que no solo su medio ambiente o sus fuentes de agua de consumo humano presentaban sustancias tóxicas, sino que los propios pobladores ya las tenían en su organismo. Así lo muestran los resultados de dosajes (análisis) realizados por el Ministerio de Salud el 2020, donde se analizaron 55 personas de los distritos de Coata, Huata, Capachica, Caracoto y Juliaca, de las cuales el 61.8 % (34) presentaron niveles elevados de sustancias tóxicas como arsénico y mercurio. En este grupo de personas dosadas figuraron 5 niños con edades entre 4 a 11 años, además de 3 adolescentes entre 15 y 17 años. Así también, en el 2021 se volvieron a realizar dosajes a 279 personas de la zona de Coata, Huata y Capachica. En esta ocasión se encontró que el 79% (223) de ellas tenían arsénico.
Hasta setiembre del 2021 se habían generado 11 declaratorias de emergencia ambiental – sanitaria, las cuales no implementaban acciones concretas de atención a la población afectada. En noviembre del 2021 la ex premier Mirtha Vásquez suscribió un acta con acuerdos relacionados al servicio de agua y saneamiento, salud, agricultura, entre otros, los cuales iniciarían su implementación a partir del 2022. Los acuerdos fueron formalizados a través de la publicación en el diario El Peruano de la Resolución de Secretaría de Gestión Social y diálogo N° 0013-2021-PCM/SGSD. En la actualidad, las cuencas siguen esperando el cumplimiento de estos acuerdos y compromisos.
La crisis de salud ambiental y humana en la región de Puno y el país es considerada alta. Según los informes del Ministerio de Salud, emitidos en el 2020, unas 10,162,380 personas (un tercio de la población nacional) se encontraba en riesgo a la exposición de metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas. Siendo Puno la cuarta región con mayor cantidad de personas en riesgo, es decir, 716 mil 246 habitantes. La población en riesgo está distribuida en toda la región de Puno, incluyendo las zonas donde se realizan actividades mineras informales e ilegales. Dicha población podría incrementarse debido a la cantidad de concesiones mineras que se sitúan en Puno. En consulta realizada al 4 de agosto del 2023, en la región se tiene un total de 5,009 concesiones mineras, entre tituladas (3,075), en trámite (1,667), y, otros, extinguidas y bloqueadas (267).
Puno no permitirá que se decida sobre su territorio por encima de ellos y ellas, la agenda ambiental es una bandera reivindicativa – cultural y altamente política, nuestra identidad resiste y prevalece.
En ese marco, urge tomar lecciones de la crisis política actual, a partir del caso de Puno; considerando, además, que la región está siendo el centro de atención por la presencia del Litio (“mineral verde”) que podría explotarse en un futuro próximo. En ese sentido algunos de los temas claves y desafíos en la temática minera y ambiental que debemos discutir en Puno son:
- Las y los hermanos aimaras exigen procesos de consulta previa para el otorgamiento de concesiones mineras, más aún si esta actividad atentará contra su salud, medios de vida y reservas culturales y ancestrales;
- Las sanciones a las empresas no son suficientes para garantizar un adecuado cierre de mina, lo cual genera gran desconfianza y limitará la posibilidad de iniciar procesos de exploración minera y;
- La crisis de salud humana por la contaminación ambiental en contextos mineros es real y necesita implementar medidas para garantizar el acceso a salud y a un ambiente sano y equilibrado.
Puno no permitirá que se decida sobre su territorio por encima de ellos y ellas, la agenda ambiental es una bandera reivindicativa – cultural y altamente política, nuestra identidad resiste y prevalece
KAREM LUQUE. Mujer de identidad quechua y aimara, bióloga y especialista en salud ambiental y humana.
