Escribe: Eduardo Zegarra (1)
La primera reforma agraria fue un proceso transformador de grandes proporciones en el Perú. Actualmente dicha reforma es considerada como una de las más profundas de América Latina en términos de su objetivo principal, una distribución más justa de la tierra agropecuaria concentrada en pocas haciendas y latifundios desde épocas coloniales y republicanas. La primera reforma agraria fue desplegada durante la primera mitad de los 1970s por el gobierno militar de Velasco, sin violencia y con un modelo de organización de las unidades productivas agrarias en cooperativas y SAIS que mostraría limitaciones para funcionar de manera eficiente en una economía de mercado. Las cooperativas de producción agraria (CAP), terminarían parcelándose totalmente en los 1980s bajo el segundo gobierno de Belaúnde, abriendo una nueva etapa liberal, donde los “herederos” de la primera reforma agraria terminarían siendo los más de dos millones de pequeños agricultores familiares propietarios de pequeñas extensiones de tierra agrícola a nivel nacional.
Y es precisamente desde estos agricultores “herederos” de la primera reforma agraria que empezaron a surgir propuestas para impulsar una “segunda reforma agraria”, una que enfrente temas que no estuvieron presentes en la primera, relacionados al acceso a mercados, el cambio técnico agrario, el crédito y la necesaria transformación rural. El tema empezó a sonar con particular intensidad luego del exitoso paro agrario de mayo del 2019, cuanto el movimiento agrario unido (CONVEAGRO y las Juntas de Usuarios de Riego), logró sentar, en cinco mesas de diálogo y negociación, a prácticamente todo el gobierno del expresidente Vizcarra. La agricultura familiar, comunera y cooperativa empezaba a plantear una agenda de reformas que luego se convertiría en la agenda más clara para una “segunda reforma agraria” durante el proceso electoral 2020-2021.
Un insumo clave para entender la lógica de la segunda reforma agraria es el listado de acuerdos logrados en las cinco mesas de diálogo luego del paro agrario del 2019. Se listaron más de 80 acuerdos en temas clave de acceso a mercados, crédito, asistencia técnica, compras públicas de alimentos, mayor protección frente a subsidios y dumping, y la necesaria reestructuración del Ministerio de Agricultura. Estos acuerdos no fueron implementados ni por Vizcarra ni por los gobiernos que lo sucedieron, y los agricultores siguieron viviendo en un país que los sigue tratando como ciudadanos de segunda categoría, donde se les paga precios de misera por sus productos, y en el que el Estado brilla por su ausencia y por su falta de políticas adecuadas para apoyar al pequeño productor.
No por casualidad fue la segunda reforma agraria uno de los principales ofrecimientos para los sector agrarios y rurales del candidato Pedro Castillo en la segunda vuelta electoral del 2021. Castillo firmaría documentos con los gremios agrarios aglutinados en CONVEAGRO en los que se comprometió con esta reforma, y reiteró dicho ofrecimiento en diversas presentaciones públicas durante el periodo electoral. El tema fue parte explícita del Plan Bicentenario, que complementaba al plan de gobierno de Perú Libre de cara a derrotar a la candidata derechista Keiko Fujimori en las elecciones del 2021.
La propuesta central de segunda reforma agraria se centraba en cinco ejes de cambio fundamentales que ya se venían perfilando desde las mesas de diálogo de 2019: (i) una nueva forma de gobierno para el desarrollo agrario y rural; (ii) más y mejores mercados para la agricultura familiar; (iii) industrialización rural y agraria; (iv) seguridad hídrica con tecnificación del riego; (v) apuesta por el cambio técnico, la asociatividad y el rol de la mujer rural en el campo.
Estas cinco líneas maestras fueron anunciadas por el propio presidente Pedro Castillo y el primer ministro de agricultura del gobierno, Víctor Maita, en el lanzamiento de la segunda reforma agraria el 3 de octubre del 2021 en Cusco. Además, se desarrollaron estos lineamientos en el D.S. 022-2021-MIDAGRI y se planteó que esta reforma sería un proceso de cambio de largo aliento, con una orientación por transformar de raíz el inadecuado y centralista funcionamiento del MIDAGRI y el Estado en relación a la agricultura familiar.
No obstante, el presidente Castillo empezó a abandonar esta agenda de cambios con el nombramiento del congresista de Perú Libre, Oscar Zea, en el MIDAGRI. El ahora exministro Zea no haría sino tergiversar estos lineamientos y destruir los equipos técnicos que se habían conformado para empezar a desarrollar los contenidos de una promesa central hacia el agro del gobierno de Pedro Castillo. Esta promesa, además, formaría parte de la Política General de Gobierno 2021-2026 aprobada mediante DS 164-2021-PCM, que estableció como lineamiento central del gobierno el “sentar las bases de la segunda reforma agraria”.
Y resultó que el primer “gran anuncio” del ministro Oscar Zea fue ofrecer mayores exoneraciones tributarias a sus “hermanos agroexportadores”. Una prueba fehaciente del nulo interés de Zea por la segunda reforma agraria es que desconoció de manera sistemática e ilegal dos instrumentos básicos creados durante la gestión Maita para darle contenido a la segunda reforma agraria: el Concejo Nacional de Desarrollo Agrario y Rural (creado mediante D.S. 001-2022- MIDAGRI y presidido por el primer ministro), y el Gabinete de Desarrollo Agrario y Rural (D.S. 002-2022-MIDAGRI presidido por el propio Presidente de la República). Ninguna de esas dos instancias fue instalada (hasta el día de hoy), pese a que se debía hacer a los 10 días de creadas. Sin estas instancias gubernamentales instaladas no es posible ni siquiera iniciar procesos de transformación en el aparato público y en la forma de tomar decisiones para generar intervenciones integrales y articuladas a las zonas agrarias y rurales de nuestro país, que es la esencia de la segunda reforma agraria demandada por los agricultores peruanos.
Y a este abandono de la gran promesa de la segunda reforma agraria habría que agregarle el pésimo manejo de la grave crisis agraria desatada por la pandemia y el incremento sideral de los costos de producción agraria en el periodo 2021-2022. Durante la pésima gestión del señor Zea se aprobó mediante R.M. 0140-2022-MIDAGRI un supuesto “Plan de Emergencia Agrario en el Marco de la Declaratoria de Emergencia del Sector Agrario y de Riego”. Se suponía que este plan debía “reorientar” las intervenciones del MIDAGRI para apoyar a los productores agrarios a enfrentar la grave crisis económica, pero en aquel no había ninguna referencia a reorientaciones o reasignaciones de metas o presupuestos sectoriales.
El documento se limitó a hacer un diagnóstico ligero de la crisis y en cuanto a planes concretos, listar supuestas “medidas” que en realidad no fueron tales sino “lineamientos” para hacer cosas como “capacitar”, “promover”, realizar “acciones de difusión” y afines. En el colmo de la falta de precisión (se supone que un plan debe ser aterrizado, con metas y presupuestos claros), las medidas para el tema más difícil de la crisis que es el de los fertilizantes sólo se decía lo siguiente “(…) Implementar medidas extraordinarias para reducir el impacto negativo del incremento del precio de los fertilizantes en la economía de los productores agrarios”. Es decir, la medida más importante y esperada de este plan consistía en “implementar medidas extraordinarias”.
Y así el gobierno del presidente Castillo abandonó rápidamente y sin mayor remordimiento la llamada “segunda reforma agraria”, en medio de una clara incapacidad para enfrentar una muy grave crisis agraria que aún sigue desplegándose hoy y es de pronóstico reservado en lo que resta del 2022 y los dos años siguientes. Esperamos que el recientemente nombrado ministro Andrés Alencastre logre enrumbar una mejor respuesta a la crisis, que es hoy el tema más complicado de la gestión gubernamental del presidente Castillo.
Lo que sí parece ser a esta altura un proceso irreversible es el abierto abandono de la segunda reforma agraria como eje orientador de la política pública para el desarrollo nacional. Este es quizás uno de los mayores errores políticos del gobierno de Pedro Castillo dado el origen rural y agrario propio presidente y el fuerte carácter rural del voto que lo llevó a Palacio. Desconocer, tergiversar y destruir lo que se había avanzado con el ministro Víctor Maita y su equipo ha sido un despropósito que seguirá debilitando al “gobierno del pueblo” desde adentro, para beneplácito de la derecha económica y política.
En los próximos meses los diversos gremios agrarios seguirán protestando y movilizándose para exigirle al presidente Pedro Castillo que cumpla con una de sus promesas más importantes y esperanzadoras para el campo peruano. Ojalá que el presidente recapacite, retome sus propuestas originales y cumpla con el programa central que lo llevó a donde está, y no termine dándole la espalda definitivamente a más de 2.2 millones de pequeños agricultores que aún creen que el cambio hacia una segunda reforma agraria es posible en democracia.
(1) Ex Jefe de Gabinete de Asesores del MIDAGRI entre agosto 2021 y enero 2022.
