En la historiografía peruana es un lugar común postular que durante el llamado “proceso independentista” si bien se había logrado la emancipación del Perú del poder político y militar de España, separándose de la metrópoli, adquiriendo cierto poder de decisión sobre su vida política y militar, sus grandes mayorías poblacionales compuesta por indios e indígenas no habían rescatado o recuperado el poder político, social, económico y militar que los invasores europeos les habían arrebatado con gran y sistemática violencia durante varios siglos de abusos y crímenes de toda laya, reduciendo brutalmente su población. Como descendientes y herederos de quienes en los andes centrales desde siglos inmemoriales desarrollaron autónomamente notabilísimas culturas, no se vieron beneficiados con la emancipación conseguida por las capas sociales de criollos, algunos sectores de españoles y parte de mestizos que integraban la “Republica de españoles”, clara y nítidamente diferenciada de la “Republica de los Indios”, íntegramente de indígenas de la ellos eran parte.
Simón Bolívar tenía una opinión sobre los indios cuando escribió: “Los blancos [de Perú] tienen el carácter de los indios, y los indios son todos truchimanes, todos ladrones, todos embusteros, todos falsos, sin ningún principio de moral que los guíe” [i]
Desde el lado opuesto a conceptuaciones como la anterior, Manuel Gonzáles Prada dijo a principios del siglo XX: “Nuestra forma de gobierno se reduce a una gran mentira, porque no merece llamarse república democrática un estado en que dos o tres millones de individuos viven fuera de la ley” [ii] (o sea, sin el amparo de la ley). Por su parte, José Carlos Mariátegui dejó escrito en sus Siete Ensayos que nada parece haber cambiado desde la independencia política de España: “El hacendado, el latifundista, es un señor feudal. Contra su autoridad, sufragada por el ambiente y el hábito, es impotente la ley escrita. El trabajo gratuito está prohibido por la ley, sin embargo, el trabajo gratuito, y aun el trabajo forzado, sobrevive en el latifundio. El juez, el subprefecto, el comisario, el maestro, el recaudador están enfeudados a la gran propiedad. La ley no puede prevalecer contra los gamonales”.
Tanto la republica de españoles, como la de indios que que conformaban la sociedad colonial “lucharon separada y a veces concurrentemente por abatir el poder colonial, pero con distintos medios y métodos” refiere sobre el tema, Virgilio Roel.
Para algunos, el 28 de julio de 1821 fue el “día en que se perdieron las esperanzas de recuperar la genuina patria ancestral. Esa patria era el Tahuantinsuyo” [iii]. De ahí que celebrar centenario, bicentenario y aniversarios de esa fecha significa –en esa línea de análisis- es celebrar toda una historia de sufrimientos de la opresión blanco-criolla sobre los indígenas, ya que el encuentro de los tahuantinsuyanos con los europeos fue sinónimo de muerte. [iv]
Indígenas en Puno durante el siglo XX
A lo largo de la primera mitad del siglo XX la economía de los indígenas puneños agrupados en “estancias”, parcialidades y comunidades se sustentaba en la actividad agropecuaria, cuyo rubro más importante era la producción de lana de ovinos y de fibra de alpaca destinada a la exportación, actividad esta que corría a cargo de empresas exportadoras con sede en Arequipa. Lo atrayente de los beneficios que podía deparar esa actividad productiva hizo que pequeños grupos de hacendados y quienes querían serlo ejercieran presiones y acciones inescrupulosas para despojar a los indígenas de sus tierras.
El tributo que pagaban los indígenas hasta 1854 constituía una suerte de protección a la posesión y propiedad de sus tierras; al mismo tiempo, el gobierno de Piérola “impuso como requisito el saber leer y escribir en castellano para ejercer el derecho al voto, lo que dejó a los campesinos fuera del sistema político ya que, en el siglo XIX, como contribuyentes, habían tenido acceso al sistema electoral de la época. Con estos antecedentes, los campesinos puneños iniciaron en el siglo XX una campaña por obtener una “ciudadanía indígena” que reconociera su derecho a ser parte integrante de la nación peruana” [v]
Era evidente la existencia de conflicto latente entre, de un lado, el mundo oficial en el que radicaban poderes en distintos niveles que protegían grandes propietarios de tierras; y, por otro, a los grupos y organizaciones indígenas puneñas. Ese conflicto asumía, en señaladas ocasiones, carácter de manifiesto, expresado en actos de rebeldía que se escribieron con tinta sangre el primer cuarto y poco más del siglo XX. Los Casos de Santa Rosa de Juli, Rumi Maki, Juan Bustamante, Huancho Lima, entre muchos otros, dan testimonio de la consecuente posición del campesinado puneño por dar termino a la discriminación racista, a la desigualdad socioeconómica que ha sufrido desde tiempos coloniales.
Cierto es que el poder monopolizado por la estructura administrativa oficial intentó a lo largo de la república y sobre todo en ese cuarto de siglo XX congraciarse de alguna manera con el campesino peruano y puneño.
Una de las medidas más traídas y llevadas para amenguar el conflicto latente, fue la creación de la Sección de Asuntos Indígenas en el entonces Ministerio de Fomento, mediante Decreto Supremo de 12 de setiembre de 1921 durante el gobierno de Leguía.
Se fundamenta la dación de este instrumento el “deber del Estado de proteger a los indígenas en su trabajo, propiedad, libertad individual y demás derechos…ya que no sería posible permitir, sin grave responsabilidad, que los indígenas fueran tratados diversamente a los ¡demás ciudadanos, con violación del artículo 17 de la Constitución del Estado que establece que las leyes protegen y obligan igualmente a todos”[vi] Entre otras misiones se asigna a esta dependencia “Atender las quejas y reclamos de cualquier género que fueren presentados por los indígenas, amparar a la raza indígena de los abusos y exacciones de que pudiere ser víctima; impedir, directamente o por medio de las autoridades competentes, los abusos que pudiesen cometerse contra la propiedad, trabajo, libertad individual y demás derechos de los indígenas.
Como ocurrió con muchas otras buenas intenciones desde Bolívar y seguidores, esta también quedó en las letras y en el papel.
Al año siguiente, mediante Decreto Supremo de 29 de marzo de 1922, se crea al Patronato de la Raza Indígena, con la misión de “organizar en todos los lugares de la República donde sea necesario, la protección y defensa de la raza indígena y estimular por los medios más adecuados su desenvolvimiento cultural y económico”. Algunos meses después, el 6 de octubre de 1922, se promulga la Ley Nº 605 mediante la cual se “Prohíbe en lo absoluto, los servicios gratuitos y obligados que se conocen con las denominaciones de “alcaldes de vara”, “agentes” y celadores municipales”, “guardias de cárcel”, “pongos, semaneros, mitanes, alguaciles palmeros, fiscales”, etc., en las provincias de la región de Sur. [vii] Supina hipocresía oficial.
Esas medidas y acciones políticas, aunque –como siempre- quedaron el papel, fueron el resultado de las acciones proindígenas de intelectuales y organizaciones que denunciaban la situación de servilismo semifeudal que agobiaba a los campesinos de haciendas en el Perú y en Puno. En ellas apareció un personaje, déspota, tiránico y abusivo al que se denominó “gamonal”.
Un propietario de tierras en Azángaro, José Urquiaga -que llegó a representar a esa provincia como diputado- describió lo siguiente en un largo informe al Congreso[viii]:
“Los gamonales explotan al indio; los gamonales que lo tienen esclavizado, que lo han hecho la víctima de sus ansias de lucro. Son los que obligan a estos seres desvalidos y sin poder levantarse para protestar de todas las iniquidades que con ellos se cometen”. Urquiaga denuncia la nula atención que las instancias burocráticas debían dispensar a las comisiones de indios que llegaban a Lima reclamando por derechos: “…en distintas ocasiones –dice- hemos visto venir a la capital de la república comisiones de indígenas que no han traído otro objeto que solicitar al gobierno que se les haga justicia. ahora bien, ¿qué han alcanzado? Todos sabemos cuál ha sido el triste fin de esas comisiones”.
“Los indios de Puno – señala Urquiaga- fueron obligados a trasladarse á las minas de Potosí; y es sabido que tanto por lo rudo del trabajo, como del mal trato a que se les tenía sometidos, había entre ellos una mortalidad horrible”.
El parlamentario azangarino se explaya al describir cada una de las figuras institucionalizadas desde tiempos de la colonia, para la inicua explotación servil de los indígenas en las haciendas, entre ellos los “segunda”, “hilacatas”, “Alguaciles”, “propios”, “mitanes”, “pongos”, así como relata con detalle los protocolos de nombramiento de esos cargos, el rol de los beneficiarios que recaía en el gobernador, juez de paz, cura o guardia civil, todos quienes aplicaban formas y procedimientos instituidas como costumbres antiguas, para vivir a expensas del trabajo de los indios.
El control y uso del poder estatal
En la realidad social peruana actual es ostensible la existencia de una elite de cariz económico y social, residente en señalados distritos de la capital de la república (principalmente San Isidro, Miraflores, Surco, La Molina). Esa elite crea, reproduce y va innovando mecanismos para mantener el control del poder político del Estado y ejercer en mil y una formas su injerencia en las decisiones políticas más cruciales de los gobiernos que esa elite impone o logra controlar. Lo hace a través de las organizaciones políticas que domina, de consuno con entidades empresariales, culturales, de comunicación, así como organismos públicos de naturaleza jurisdiccional y de preservación del orden interno y del orden público. Desde ese pequeñísimo territorio esa reducida capa social innegablemente racista y profundamente discriminadora, determina en último análisis, los destinos del país, cuya cabal realidad no conocen, interpretan ni representan.
Por supuesto, la elite dominante no está sola. Hay capas de mestizos capitalinos y provincianos tanto o más racistas que secundan el quehacer de ese reducido ámbito de la clase política peruana.
“Existe una discriminación de origen colonial que persiste hasta el día de hoy. Lo que tenemos en Perú es una profunda crisis de representación en la que estas poblaciones no sienten para nada que el sistema político las represente”, refiere una conocida entidad extranjera que investiga el acontecer político social en países americanos. [ix]
Héctor Béjar señala que “hay un «racismo aceptado» y «visible», que forma parte de la vida nacional y que está en las entrañas de la organización social peruana” [x]. “Su origen empieza con la invasión hispana y permanece durante los 300 años de régimen colonial y 200 de republicano. En la reciente ola de protestas, el racismo se ha puesto en evidencia en la actuación de la clase política, las fuerzas de seguridad y los medios de comunicación”. Todos estos “todavía conservan una imagen del pasado, del indio sucio, analfabeto y pobre, cubierto de andrajos, consecuencia de la explotación de los terratenientes…”. “Ninguna élite que manejó el Estado o influyó en él recogió las demandas de los de abajo, las reconoció como legítimas y las transformó en leyes”, acota el sociólogo Sinesio López.
Antecedentes próximos de la protesta indígena
En 1969, cuando se estaba ejecutando un proceso de cambios profundos en casi todas las estructuras económico-sociales, el general Velasco conductor de ese proceso, señalaba con cierta reiteración que con las acciones y medidas impulsadas por el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada se estaba aboliendo el “orden oligárquico” prevaleciente hasta entonces, y se buscaba alcanzar la “segunda independencia del Perú”, ya que la primera, la de 1821, había quedado inconclusa. La retórica de Velasco incluía una crítica explícita a las élites que habían liderado el movimiento en favor de la independencia y habían dominado el país luego de ella. La naturaleza «incompleta» de la independencia y el estado de postración en que se había mantenido a las clases populares indígenas eran atribuidos al egoísmo y falta de patriotismo de las élites.
El 8 de septiembre de 1970 cuando se conmemoraron los 150 años del desembarco de San Martín, Velasco dijo que “la revolución de hoy es, de este modo, heredera histórica de esa primera lucha por nuestra independencia…”
Durante el régimen velasquista se reiteró infinidad de veces que se estaba desarrollando una lucha por una «nueva» o «segunda» emancipación. “…una y otra vez los peruanos escuchaban o leían que el gobierno revolucionario estaba conquistando la «segunda independencia» de la patria”, se comentaba en los medios de entonces.
La Reforma Agraria de 1970 significó un cambio revolucionario en la situación de las aspiraciones y luchas de importantes sectores de la población indígena del Perú. Estos pasaron a ser oficialmente denominados como “campesinos”, pues se dijo que así se recusaba el término “indígena” por el uso discriminatorio que implicaba.
A pesar de todo ello, la práctica política que se venía desarrollando conforme y hasta más allá del Plan Inca y a la Bases Ideológicas de la Revolución Peruana”, según los cuales el Perú se encaminaba a la configuración finalista de una “Democracia social de Participación Plena” fue detenida con el golpe derechista del general Morales Bermúdez, con cuyo régimen se inició otro proceso: el de desvirtuación y desmantelamiento del conjunto de reformas ejecutadas. Los propósitos de ir hacia una segunda independencia se cayeron y la realidad social peruana en este aspecto volvió a mostrarse algo parecida a la que imperaba antes al proceso de cambios.
Los años de la década de 80 los indígenas en una muy amplia mayoría no secundaron al terrorismo subversivo del senderismo, aun cuando las “fuerzas del orden” no diferenciaban entre senderistas y campesinos y la dura represión causó el mayor número de “desapariciones” y las más graves violaciones a los derechos humanos, sobre todo en el lapso más agudo del “conflicto armado interno” entre 1983-1985.
La mayoría de los ciudadanos peruanos, entre ellos los indígenas, eligieron en 1990 a Alberto Fujimori con el evidente propósito de impedir que la elite blanca, limeña y económicamente pudiente ligada a los intereses de la potencia hegemónica del continente, que en conjunto estaban representadas por el candidato Mario Vargas Llosa, accediera a la conducción del Estado. Luego, el autogolpe fujimorista, la captura del máximo líder senderista, la Asamblea Constituyente de 1933 aprobada con fraude, no marcaron una participación organizada y efectiva de las masas campesinas entre las que se afirmaba la creencia de que la pena de muerte que aparecía en texto constitucional, iba a ser aplicada a cualquier persona que tuviera apariencia indígena, eso porque la mayoría de los detenidos durante el conflicto eran presentados en trajes de rayas, tenían apariencia y apellidos indígenas y muchos de estos procedentes de Puno.
Las acciones y medidas de corte asistencialista que el gobierno de Fujimori impulsara en el campo, hizo que este obtuviera cómodo triunfo electoral en 1995; triunfo al que los indígenas contribuyeron decisivamente. Sin embargo, con el andar de días y años, la compra de medios de prensa, personas e instituciones por parte de Vladimiro Montesinos –su brazo derecho- para que apoyen al gobierno fujimorista, terminó por marcar el deterioro y desprestigio de Fujimori, quien tuvo que renunciar, haciéndolo inusitadamente desde el extranjero.
Luego vendrían los gobiernos de Toledo, de Alan García en dos periodos, de Ollanta Humala, de Kuczynski, Vizcarra, todos envueltos en escándalos por el manejo doloso de los asuntos del gobierno y en la concesión de la explotación de los recursos naturales del país en beneficio del capital extranjero. En todos esos casos, hasta el de Sagasti, las masas campesinas continuaron siendo las convidadas de piedra en el manejo de los asuntos públicos en los más altos niveles.
El apoyo franco del campesinado indígena a Pedro Castillo que en una segunda vuelta electoral venció a la ya eterna candidata de la derecha, Keiko Fujimori, se hizo más explícito en el sur del país y abrumador en Puno. Pero el nuevo gobernante de extracción campesina sufrió el embate cotidiano, fuerte, falaz y concertado, del Congreso, Poder Judicial, Fiscalía de la Nación, prensa, escrita, televisada y radial, intelectualidad de derecha y extrema derecha, militares capacitados en centros académicos de Estados Unidos metidos a políticos, etc., con intensidad que nunca se había dado en la historia del Perú.
La protesta indígena
La defenestración de Castillo por un congreso signado por una impopularidad nunca vista, produjo el ascenso al poder de Dina Boluarte cuya felonía desencadenó las protestas de los indígenas. Prometer y no cumplir eso de que “si Castillo se iba, ella se iba con él”, incendió las praderas altiplánicas, cusqueñas, ayacuchanas, apurimeñas y aledañas a ellas, que tuvo como respuesta oficial la muerte. Peruanos entrenados para matar pagados con dineros del pueblo; fusiles y balas que se compró con dineros del pueblo, se emplearon para reprimirlo criminosamente. Organismos internacionales de derechos humanos y algunos países latinoamericanos, no tardaron en expresar su dura condena a los hechos generados y autorizados desde las alturas del poder.
Lo que andando el tiempo se conocerá, es que ya antes de la defenestración de Castillo, la señora Boluarte –bajo las sutiles maniobras de una embajadora especialista en menesteres golpistas en diferentes países- habría pactado con la mayoría derechista del Congreso, personajes claves del Poder Judicial y fiscalía y representantes de las fuerzas del orden, restituir y mantener el sistema (cuyo cambio Castillo apenas había intentado arañar) implantando un gobierno que cada vez desecha subterfugios para mostrar su signo derechista, fascistoide, clasista, racista, represivo, discriminador e ilegitimo por la escasísima aprobación que las encuestas registran. Sin embargo, el régimen actual permanece muy bien asentado sobre bayonetas.
A quienes han realizado actos de protesta en buena parte de regiones del país y a los que han venido a la capital peruana para que sus demandas sean oídas por los detentatarios del poder político «les han acuñado todo tipo de calificativos que van desde «terroristas», vándalos financiados por Bolivia o por el narcotráfico, entre otros, con el objetivo de deslegitimar sus peticiones, que también son de índole política”, Béjar dixit.
En estos días, las frases más empleadas para referir y conceptuar la crisis por quienes pertenecen o aspiran pertenecer a esos “altos” y elitistas sectores sociales, fueron sin duda: “indios de m”, “cholos de m”. Eso lo podría corroborar la saturación de esos vocablos en su habla cotidiana de ciertos hogares, círculos familiares, empresas, instituciones habituadas a la práctica soterrada o abierta de la discriminación social y económica.
Si ya lo pensaron antes, ahora están ansiosas de poner en el orden del día de su hegemonismo fundamentalista, la drástica reducción cuando no la imposible desaparición de lo que se vino en denominar “las poblaciones excedentes y nocivas”, que en su momento se erigió en el propósito central etnocida que muy bien fue empleado durante los siglos XIX y XX especialmente en Estados Unidos y en Argentina, para desaparecer en esos países, a los antiquísimos dueños de este continente.
Precisamente en esa línea, el gobierno de Fujimori ejecutó “programas de esterilización forzosa” que se aplicó a casi un cuarto de millón de mujeres indígenas en Perú empleando diversos medios coactivos, desde amenazas hasta la compra de voluntades con la entrega de alimentos. La finalidad evidente de ese programa apuntaba a reducir las tasas de crecimiento poblacional de cholos e indígenas. La reacción de éstos frente a esa suerte de etnocidio no se hizo esperar. En una jornada de capacitación de mujeres aimaras en Acora hace algunos años, se hizo la siguiente reflexión: “Si el gobierno y los representantes a congreso se eligen mediante la mayoría de los votos, entonces debemos tener más y más votos y para eso hay que tener más y más hijos”.
Frente a las intenciones reduccionistas y frente a la mentalidad racista prevaleciente en las elites políticas del país, una lucha sorda, latente, subyacente, ha empezado a manifestarse con nitidez contra la histórica supremacía económica, política y social de las capas sociales blanco-criollas, especialmente localizadas en los barrios de pudientes de la capital de la república. El poder indígena que por décadas y quizás hasta por siglos ha permanecido medio oculto, afloró y materializó en las acciones y marchas de protesta que han remecido el Perú durante los últimos tramos del año anterior y principios del actual.
El protagonismo aimara
Si bien una faceta relevante de la protesta indígena masiva que remeció al país fue la histórica afirmación de la unidad en la lucha en torno a objetivos comunes explícitos (Renuncia de Boluarte, cierre del Congreso, Asamblea Constituyente) por parte de quechuas y aimaras en Puno, son éstos últimos, sobre todo los del sur puneño, los que han llevado el mayor peso en las responsabilidades de plantear iniciativas tácticas de acción indígena y en ejecutar éstas en consecuencia. Las reiteradas marchas en la ciudad de Puno y los viajes hasta la capital de la república, así lo demuestran.
Se enfatiza en que la gran protesta comporta una causa esencialmente de indígenas, indios, cholos, originarios, porque escrutando con especial cuidado las imágenes propaladas por la televisión o publicadas en los diarios y revistas, no es posible advertir la presencia protagónica de “mistis”, mucho menos de blancos en las marchas y concentraciones. Eso, por un lado. Por otro, ha sorprendido que miembros de la comunidad intelectual puneña que proclamaban su simpatía con corrientes indigenistas y hasta declaraban su abierta militancia en ellas, hayan guardado discretamente sus plumas, salvo la publicación de uno que otro artículo en los medios y redes sociales.
Tenemos escrito[xi]que la nación aimara (en realidad “Kolla”), hoy por hoy es una nación triestatal dado que está asentada en territorios de tres Estados: Bolivia, Chile y Perú. De las múltiples sub-etnias que conformaron esa nación, subsisten en el Perú, concretamente en la región de Puno, la descendiente de los Lupaccas que ocupa parte de la provincia de Puno y el íntegro de las provincias de El Collao, Chucuito y Yunguyo; y, la descendiente de la etnia Omasuyos Pacajje que ocupa íntegramente la provincia de Moho y parte de Huancané y parte del área de Alto Tambopata en Sandia.
La etnia aimara de los Lupaccas desde el pre-incario fue estableciendo y consolidando un mercado regional en su zona de influencia desde Atacama hasta Caravelí en la costa y hasta poco más de Larecaja en el pie de monte de la cordillera oriental de los Andes. Durante el virreinato se mantuvo el sistema de intercambios económicos con algunas variantes impuestas por el régimen colonial; y, durante la república, la acumulación progresiva de pequeños capitales provenientes de la agricultura, de la ganadería de auquénidos, el engorde de vacunos, la producción notable de quinua, la textilería y hasta el contrabando, les permitió –a señalados grupos de Lupaccas como ilaveños, unicachis y ollarayas, entre otros- incursionar con emprendimientos mentados y exitosos en Lima y ciudades del sur, y consolidarlos especialmente en los rubros de comercio, transportes y confecciones.
De esa base económica pudo beber, sin duda, el apoyo a las acciones de protesta, que les permitieron a los aimaras ejercer liderazgo a nivel nacional y gravitación sobresaliente en la lucha política desplegada. Debe quedar registrado entonces, para la historia del Perú y de Puno, que liderazgo motor directriz e impulsor de las protestas de fines de 2022 y principios de 2023 estuvo a cargo de los aimaras lupaccas del sur de Puno.
Es momento de preguntarse si las masivas protestas que protagonizaron masas indígenas, sobre todo de las regiones sureñas asumen en consciencia generalizada una suerte de misión histórica de rescatar e impulsar una finalidad liberadora de la gente campesina indígena del Perú profundo. ¿Son los primeros escarceos de la dura y larga lucha por la segunda independencia, posible de avizorar en el horizonte histórico de nuestro país? ¿Se ha abierto una nueva etapa en la historia de las luchas indígenas por su plena ciudadanía?
Hay quienes opinan que lo insatisfactorio de la lucha cumplida, -aun inconclusa según parece-, es que “se trató de la lucha por objetivos coyunturales, presentistas, sin un atisbo de reivindicación social ni de objetivos que respondan a una visión del futuro de las masas indígenas en el Perú” [xii]
Pero en esencia, ¿cuáles eran o siguen siendo, los propósitos y objetivos de los protestantes en jornadas recientes? Andrés Chirinos en SERVINDI el 4 de enero responde con un preciso párrafo: “Los pueblos campesinos e indígenas del Perú básicamente reclaman respeto a la vida, al derecho a decidir, a participar en la democracia con igualdad. A que se termine –de una vez por todas– una larga historia donde no son tratados como humanos. El gobierno junto al Congreso, y otros poderes, solo viene demostrando racismo y desprecio a la vida… El apoyo a la causa indígena y campesina es hoy en día parte de la defensa de una democracia aplastada por oscuros y criminales intereses. Los pueblos indígenas enfrentan el 2023 un desafío histórico por alcanzar ciudadanía y democracia en el Perú”.
[i] Bolívar, Simón. [1812] “Manifiesto de Cartagena.” Escritos políticos. Madrid: Alianza Editorial, 1975.
[ii] González Prada, Manuel. “Nuestros indios” [1904] en Proyecto Ensayo Hispánico. 6 de enero de 2004. http://www.ensayistas.org/antologia/XIXA/gzlezprada/index.htm
[iii] Milciades Ruiz: PERU:PATRIA PERDIDA en punoculturaydesarrollo.blogspot.com
[iv] Alberto Flores Galindo : EUROPA Y EL PAIS DE LOS INCAS. LA UTOPIA ANDINA. Ed. Instituto de Apoyo Agrario. Lima 1986, p 11 ss
[v] Annalyda Alvarez Calderon Gerbolini: EN BUSQUEDA DE LA CIUDADANIA INDIGENA. PUNO 1900-1930. Ed. Fundación M.J. Bustamante de la fuente, Lima marzo 2021
[vi] José Varallanos: LEGISLACION INDIANA REPUBLICANA, Lima, 1947
[vii] Jose Varallanos: id
[viii] José Urquiaga. Indios (PUNO – 1916) https://fondoeditorial.unmsm.edu.pe/index.php/fondoeditorial/
[ix] Democracy Now! en español (@DemocracyNowEs) https://t.co/YjPXBiJFD3 https://t.co/0n4789de3m
[x] Héctor Béjar: EXCANCILLER DESENTRAÑA LAS RAICES DEL CONFLICTO EN EL PERU. Rusia Today 3 febrero 2023
[xi] Guillermo Vàsquez Cuentas: Ensayo corto LA NACIÒN AIMARA. SITUACIÒN Y PERSPECTIVAS, en el libro del autor ESCRITOS POR LA PUNEÑIDAD, Ed. Universidad Nacional del Altiplano, Puno 2021. (puede bajarse en punoculturaydesarrollo.blogspot.com)
[xii] Frase atribuida a Jose Luis Renique.
