Luis F. Vilcatoma Salas[i]
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En la gestión institucional pública y privada, empresarial o política existen dos conceptos importantes que hay que tener en cuenta para una buena gestión: lo urgente y lo importante. Lo urgente, cuando se trata de atender sí o sí circunstancias difíciles y agravantes que de no ser atendidas no será posible lo importante, y lo importante como la orientación hacia objetivos y metas estratégicas y visionarias del comportamiento institucional. ¿Es posible apelar a estos conceptos para construir una ruta provechosa hacia un escenario político mejor en el Perú que nos saque del entrampamiento en que nos hallamos? Como hay la impresión de que sí, paso a la siguiente argumentación:
El conflicto social manifestante y disruptivo por la salida de Castillo, y demandante con una agenda maximalista: renuncia de Dina Boularte, cierre del Congreso, nuevas elecciones y Asamblea Constituyente (la libertad de Pedro Castillo y su restitución declinó rápidamente), fue escalando prontamente luego de la muerte por bala de protestantes en Puno incluyendo un policía calcinado en la ciudad de Juliaca, configurándose un estado de polarización aguda sin diálogo entre fuerzas antagónicas donde la única salida, hasta el momento, es la del arrasamiento del uno al otro, en una metáfora de guerra sin conceptos límite y sin una significación otra ordenadora o reordenadora de lo social; que no es política sino solo fuerza, o es política acorazada con fuerza, porque la política implica diálogo, reflexión, juego de códigos interpretativos y no autismo, y al final de cuentas la posibilidad de una solución política en el reconocimiento del otro y el reconocimiento recíproco entre los bandos contendientes.
La “solución” no política y simplificada es la coacción en su máxima expresión alimentada por segmentos actorales cultores de la violencia (la “paja” del granero) y no el movimiento social mismo (el “grano” del granero), como si fuera la única salida del antagonismo político o de una ideología subrepticia de quienes apuestan todavía por la “toma” del poder estatal (piensan que el Estado es una cosa y no relaciones políticas) por la vía “insurreccional”, completamente desvinculados del significado de la hegemonía y su construcción en una sociedad que por más compleja que sea como la nuestra tiene un importante despunte en lo que se conoce como ciudadanía y ciudadanos como aquellos que hoy no embarcados en la polarización destructiva sin embargo sufren sus consecuencias materiales, psicológicas y subjetivas por la toma de carreteras, calles y plazas, elevamiento de la canasta familiar en más del 100%, pérdida de cosechas, alimentos malogrados, fallecidos por no haber podido llegar al hospital, hambre particularmente en los sectores más pobres del país y otras plagas más que las están pagando, para empezar, los más pobres sin voz y representación en este desbarajuste social y político, porque la polarización destructiva, como la que estamos viviendo, no expresa a los más sufrientes y golpeados sino a los más radicalizados. Es una polarización con coacción y no con hegemonía en ambos extremos del conflicto que conviene a los segmentos ultras de ambos bandos: en la narrativa de la derecha, a quienes atizan la represión (el “orden” dicen) porque es la única forma de no cambiar las cosas o cambiarlas para que todo siga igual con la paz de los cementerios y los hospitales; y en la narrativa ultra del otro polo que (del conglomerado popular plural y descentralizado) con micro agendas encadenadas en la agenda maximalista, quienes impulsan una polarización desordenadora del sistema global, seguramente como una forma de acumular fuerzas políticas y posiblemente con una agenda oculta que es menester saber, para que todos la conozcan. Una agenda que probablemente transite en el sentido común de los años 70 cual era en esos años el pensar que la profundización de la crisis exacerbaría las contradicciones del sistema haciendo estallar la “revolución”; que no se resolvió en el debate de los 80 alrededor del tema de la democracia y la participación en las elecciones de ese año y que condujo a la ruptura de IU en su Primer Congreso (1989); y menos se resolvió con motivo de lo que se conoce como el periodo post fujimorista y post senderista.
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En una polarización catastrófica de esta manera no se puede estar con ninguna de las dos narrativas extremas porque la violencia abandonada a su libre curso concluye minando por completo la vida colectiva, sino por la edificación de una narrativa diferente despolarizadora desde el interno del movimiento social y desde toda esa franja social no comprometida con la extremidad de las cosas que se vienen manifestado, de alguna manera, atendiendo a una máxima importante en la lucha política: “luchar con razón, ventaja y sin sobrepasarse”.
Lo urgente en consecuencia es buscar la despolarización destructiva en que se halla el país para encontrar una salida política construyendo y apelando a una narrativa alternativa desescalante, no al centro de los extremos sino por encima de los mismos que tenga al diálogo democrático (“comunitario” indican algunos), horizontal, plural y desde las “bases” territoriales y sociales, como el eje de la activación política; con una agenda desburocratizada amplia e incluyente de la
política y la economía y formalizada, para darle continuidad en el espacio y el tiempo, reinterpretando permanentemente la realidad, reconstruyendo el vínculo societal y autonomía decisional, evitando la imposición externa y menos coactiva como lo hacía el violentismo senderista. Una despolarización dialogal que sería el inicio de todo un proceso competitivo y de disputa en el terreno electoral como en todos los espacios de la vida sociopolítica construyendo identitariamente lo heterogéneo, hacia la edificación de una contrahegemonía a la hegemonía de la clase gobernante. Se trata en otras palabras de transitar de la fuerza dominante al diálogo dominante con las características anotadas, con liderazgos legítimos y propuestas concretas con interpelación de la razón y la conciencia de los actores, aislando a los “señores de la violencia” que es como separar la paja del trigo en el terreno de las necesidades sociales.
Separar y/o controlar el violentismo polarizante, en estas circunstancias, más que ser un problema de la policía es un problema de las propias masas sociales en movimiento subjetivadas en la necesidad de superar la lógica de la multitud y el tumulto anárquico y agresivo por la lógica de la ciudadanía, en un esfuerzo que compromete a las instituciones y organizaciones de la sociedad civil como de los partidos progresistas y de izquierda afirmados en la necesidad constructora de una nueva hegemonía que es dirección y no coacción. La “razón de ser” se extrae de la muerte del otro. ¿Estamos para eso?
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La población originaria de quechuas y aimaras que hoy se movilizan en y desde la Región Puno lo hacen respondiendo en primer lugar a un ethos colectivo de larga trama histórica donde se combinan abusos, injusticias, ilegalidades, represiones sangrientas, abandono del Estado y racismo, desde los españoles y a todo lo largo de los siglos siguientes con el dominio oligárquico terrateniente y gamonal, el abuso y la desigualdad social en toda su intensidad y extensión que
las reformas de Velasco no suprimieron completamente aunque abrieron la trocha para cambios en la dinámica y características de las estructuras socioeconómicas de la región: migración social que ha alterado el balance campo-ciudad por lo cual Puno es hoy una Región con 1,173 millones según datos del año 2017, más urbana (53.8%) que rural (46.2%) especialmente de quechuas y aimaras con un fuerte componente identitario que incluso acompaña a los migrantes fuera del departamento (Arequipa, Moquegua, Tacna, Lima). La población quechua a ese mismo año era de 537,972 personas de las cuales 297,363 están en la urbe y 240,609 en el medio rural. En cuanto a la población aimara son 318,363 personas de las cuales 129,179 habitan en la urbe y 189,184 en el medio rural. De las 13 provincias que tiene la región la población aimara es
gravitante en las provincias de Puno, Chucuito, Collao, Huancané, Moho, Yunguyo, pero especialmente en Chucuito, Collao y Moho.
La región tiene una importante integración vial (carreteras, trochas carrozables) y comunicacional (internet, celulares, T.V., radio) y en los últimos años un mayor dinamismo del capital comercial con acumulación principalmente en Juliaca de la Provincia San Román e Ilave de la Provincia el Collao y todo lo que va hasta la frontera con Bolivia (Desaguadero, Yunguyo), justamente los dos espacios más densos de la protesta y el violentismo incluyendo la muerte de ciudadanos en el actual episodio político que se vive. Una población andina originaria agricultora y ganadera (vacunos, ovinos para el engorde y la venta en pie o carne, camélidos), pero también comercial (formal y no formal), minera, de servicios públicos (hoteles, restaurantes, transporte) y la pesca que sus componentes despliegan en su propio lugar o en las ciudades como Juliaca, Puno, Azángaro, Ilave y varias más según sea la ubicación en la diferenciación social, porque esta es una población rural en proceso de diferenciación social con campesinos pobres, medios y algunos, como los estudiosos dicen, también de acomodados, pero todos unidos con un código unitario de sentido por una cultura originaria que horizontalmente les da un potencial de legitimación para la supervivencia y el progreso como para la resistencia frente a la agresión y el desprecio desde la orilla opuesta.
Es una población que en su dinamismo de progreso envía a sus hijos a la universidad, como a la Universidad Nacional del Altiplano-Puno (UNAP) y anteriormente a la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (UANCV) u otras más recientes como la Universidad Nacional de Juliaca (UNAJ), o fuera del departamento como es a la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa (UNSA); jóvenes que una vez profesionalizados han dado lugar a una reconfiguración del poder regional (gobierno regional y municipios para empezar) desplazando a mestizos acriollados y criollos de apellidos citadinos y gamonaloides que anteriormente controlaban el aparato estatal subregional.
Esta población originaria aimara y quechua en su gran mayoría ha votado por Pedro Castillo no como el “mal menor” sino como el “bien mayor” porque consideró a este personaje como un auténtico representante de su ethos colectivo; como la expresión de ellos mismos en el poder del Estado a la manera de un acontecimiento histórico; que al ser destituido por el Congreso fraudista y vacantista debido a las razones que todos conocemos, el impacto sociocultural ha sido fulminante. Se sienten humillados y agredidos en lo más íntimo de su ser individual y colectivo. Sienten que ha sido muy fácil que la derecha se haya desprendido de Castillo porque es una derecha o un gobierno de los mistis que nunca han tomado en serio las decisiones de esta población, en este caso expresada mediante el derecho al voto. Y así como antes la élite del poder nacional simplemente negó reivindicaciones y derechos originarios a la tierra, al agua, al respeto cultural, a la justicia y aplastaron a sangre y fuego sus demandas y no atendieron sus petitorios, hoy consideran que con esa misma prepotencia han sacado a Castillo porque el voto de quienes lo eligieron no tiene valor alguno. Algo que la derecha se encargó de alimentar desde el primer día del gobierno castillista con el absurdo manejo vacantista manoseando las leyes y la Constitución y la propia cultura originaria.
Si la situación no explotó en los meses del gobierno de Pedro Castillo fue porque este mismo personaje actuó como una especie de freno o “tapón” de un magma social creciente por las razones indicadas alimentadas por los efectos de la crisis económica venida desde atrás; la crisis política en el largo ciclo de la crisis que se inicia el 2006, y la pandemia COVID-19. Al salir Pedro Castillo de la jefatura del gobierno se rompe el dique y viene el desborde social extremo en esta parte del Perú con todas las características que tiene de movilización masiva, ira y un significante que ha articulado todos los eslabones del descontento social nacional: la renuncia de Dina, nuevas elecciones, el cierre del Congreso y Asamblea Constituyente. Un significante o una idea aglutinante hecha sentido común compartida por grandes y chicos, jóvenes y adultos, hombres y mujeres del campo y la ciudad, sin diálogo y con un territorio transformado también en un recurso identitario.
El ápice o “meseta” de este significante es “la renuncia de Dina” sí o sí por “traidora”, es la voz. Habría que profundizar sin embargo en el universo narrativo de esta población sobre el sentido de la “traición” a Castillo, si es el sentido como todos lo entendemos normalmente (deslealtad, “descompromiso”, “puñalada por la espalda”) o hay algo más como, por ejemplo, una forma de resarcimiento al Castillo destituido; de rechazo contra le derecha por la humillación de los votantes de Perú Libre al negarles su voto; de venganza contra una derecha elitista, limeña, vacadora, manipuladora y racista.
Posiblemente en ese sentido la presidenta Dina Boluarte no sea sino el medio, instrumento o camino por el cual discurre esta tromba de protesta cuyos alcances van más allá de las formalidades democráticas y la misma elección de un nuevo presidente(a) y congresistas próximamente; sino el cambio raigal de las condiciones estructurales del país.
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En el no diálogo (como es lo que está sucediendo hasta el momento) la superación de la polarización sólo podría transcurrir, hasta donde van las cosas, en su punto alto como está siendo la “toma de Lima”, por cualquiera de los dos caminos siguientes: la continuidad en el uso de la fuerza por uno y otro polo de la contradicción hasta su resolución siempre en términos de fuerza: represión y más heridos y fallecidos, investigados, detenidos, destrucción de la ciudad, desorden en el interior del país y millones de peruanos en las más difíciles condiciones de vida.
El otro camino, es el de la renuncia de la Sra. Dina Boularte a la Presidencia de la República y el adelanto de elecciones con matices más o menos y sin reformas políticas básicas. La testarudez y mediocridad del conservadurismo congresal en su intención de sacarle la vuelta al sentido democrático de las reformas con reformas (bicameralidad, reelección, etc.) proclives a sus intereses, ha acelerado la necesidad de apresurar la partida de la Sra. Dina Boluarte como de los congresistas actuales; además que la presidenta de la República se encuentra en el nivel más bajo de legitimidad puerta abierta para la ingobernabilidad y el caos. Lamentablemente la reiteración de la presidenta sobre su no renuncia no es sino la reiteración en la vía de la fuerza para la “solución” del conflicto polarizado y la continuación de la dificultad para el diálogo en el nivel alto del sistema político.
[i] Docente universitario, Dr. en Educación y Postdoctorado en Ética y Filosofía
