“No somos la inundación de la barbarie; somos el diluvio de la justicia” (González Prada).
Como las mujeres quechuas y aymaras que cargan en sus espaldas a sus niñas y niños, así el sur andino y en especial Puno echó sobre sus hombros el peso de las protestas políticas recientes, bregando por la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, elecciones inmediatas y una Asamblea Constituyente. Incluso cuando las protestas empezaron a declinar en el resto del país, Puno ha continuado con ellas a pesar de su impacto sobre la economía y la vida social del departamento. ¿Cómo explicar la sacrificada y persistente lucha del pueblo puneño?
La politización de los quechuas y aymaras
Para responder esto es necesario remontarse a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales (2021) cuando Pedro Castillo alcanzó el 89.2% de los votos válidos del departamento (JNE, 2021). Respaldo significativamente mayor incluso al obtenido en Puno en anteriores segunda vuelta por los candidatos García (69%), Ollanta (78%) y Kuczynski (63%).
Mezcla de identificación con las características populares del candidato, expectativa por un cambio radical y el rechazo a la candidata de la derecha, el voto en Puno comprometió la lealtad política de la población. Al punto de que, para fines del año 2022, cuando las crecientes evidencias de corrupción del gobierno, el incumplimiento de promesas como la segunda reforma agraria y la Asamblea Constituyente, y evidente mala gestión del gobierno, habían hecho caer a 27% el respaldo del país al gobierno del expresidente, en el Sur ese respaldo alcanzaba todavía al 42% (IPSOS, 11 de noviembre 2023).
Un aspecto fundamental para el elevado respaldo a Castillo y la politización de la población de Puno y del resto del país fue la confrontación étnica producida en la segunda vuelta del 2021. Como se recuerda la derecha, en su desesperación por «probar» un supuesto fraude, acusó a los ciudadanos de las zonas rurales de copar mesas electorales y alterar actas, sin percatarse que su acusación confrontaba a pueblos originarios que se sintieron así, discriminados y calumniados. Por ejemplo, en el caso de Puno, en el centro poblado de Totorani en el distrito de Acora se cuestionó que los miembros de mesa electoral tuvieran el mismo apellido Catacora, hecho que la Oficina Nacional de Procesos Electorales ONPE esclareció señalando que no se trataba de familiares y que habían sido nombrados por sorteo. Como se sabe en las comunidades es usual el predominio de algunos apellidos sin que involucre familiaridad y en el caso de los Catacora se trata del apellido de antiguos caciques que se suele adoptar por prestigio desde hace siglos.
La pertenencia a un pueblo originario es un aspecto fundamental en el caso de Puno, departamento donde no solo un 69.9% de sus habitantes tienen como lengua materna el quechua y el aymara, sino que un 90.7% de la población mayor de 12 años se autoidentifica, por sus costumbres, antepasados y costumbres, como perteneciente a dichos pueblos originarios (INEI, Censo 2017). Puno es el departamento con el mayor porcentaje de población originaria respecto al total de su población.
El fortalecimiento de la identidad quechua y aymara
En las últimas décadas diversos factores han fortalecido en el altiplano la identificación como pueblo originario, como por ejemplo la ampliación de la educación bilingüe en el altiplano, la Declaración de la Fiesta de la Candelaria como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, la afirmación política de la identidad aymara en Bolivia, el empoderamiento de las organizaciones mujeres, el reconocimiento oficial a las autoridades consuetudinarias, entre otros. Incluso la propia pandemia obligó a un protagonismo especial a las comunidades que acentuaron el control de sus territorios como manera de protegerse del Covid-19.
La autoafirmación como pueblo originario ha sustentado la indignación política de la población frente a lo que se considera el “robo del voto”; primero por un parlamento que no dejó gobernar a quien habían elegido y luego con la vacancia y sustitución del presidente que habían elegido. Sustitución que siendo constitucional no ha sido legítima para la población. Esa indignación es también un reclamo por el respeto al derecho de la población y en particular de los pueblos quechua y aymara a participar en las decisiones políticas. Participación que ya fue limitada cuando el líder aymara Walter Aduviri Calisaya fue elegido el 2019 presidente regional, no pudiendo ejercer ese mandato por su injusta detención a causa de hechos acaecidos con el “aymarazo” del 2011.
Pero la indignación por robo del voto no es la única fuente de las protestas, se nutre también de la grave situación que atraviesa la población del altiplano.
El acoso a los territorios y el deterioro de las condiciones sociales
Los pueblos originarios –hablamos especialmente de los aymara- no suelen involucrarse propiamente en los aspectos políticos del régimen republicano dominante, su mundo gira fundamentalmente en torno a sus territorios y los valores que guían su convivencia entre iguales entre personas y la naturaleza. Lo cual no ha impedido que crecientemente ocupen cargos en los gobiernos locales. En todo caso, su proyecto tiene que ver más con el autogobierno y defensa de sus territorios que en formar parte de la institucionalidad política vigente.
Sin embargo, el acoso a sus territorios, amenazados por la contaminación generada por la actividad minera informal especialmente y por las ciudades (desechos sólidos y aguas servida), y la presencia de denuncios mineros en el 24.2% del departamento (Cooperacción, 2022), han llevado a los quechuas y aymaras a interesarse en la institucionalidad política. Así, puede entenderse la candidatura y elección de Walter Aduviri, principal líder del “aymarazo”, convulsión social (2011) en contra de la expansión minera en territorios aymara (Chucuito), exigiendo la anulación de la concesión minera otorgada a la empresa canadiense Bear Creek Mining Corporation.
Este acoso a los territorios se produce en medio de una creciente vulnerabilidad de la población rural, cuya base productiva se ve afectada por los problemas climáticos y la falta de alternativas económicas en el campo, qué, si bien son paliadas por la actividad comercial que simultáneamente realizan la población, han llevado a acentuar la migración fuera del departamento, hacia Arequipa, Tacna y Lima principalmente.
Puno no es sólo uno de los 4 departamentos con mayor pobreza del país, con 43.7% de su población en esa condición (INEI, 2021), sino también uno de los 2 únicos departamentos (el otro es Loreto) cuya población disminuyó entre el 2007 y 2017. En ese período el departamento perdió un -7.5% de su población (INEI; 2007,2017). La pérdida fue más severa para las áreas rurales cuya población habría disminuido en -19% en ese período.
La fuerte migración revela la difícil situación productiva en el ámbito rural donde predomina el minifundio, y la dependencia de la población de actividades de naturaleza informal desde el comercio informal, el contrabando, y hasta la minería informal, en los que el 90.4% de la población trabaja (COMEX PERU,2023).
Protesta social y otra forma de hacer política
La protesta social en Puno, como en los departamentos del sur, ha seguido un curso muy diferente al de los conocidos “conflictos sociales” en los cuales, producidas las acciones de fuerza de envergadura, se forman mesas de “diálogo” en las que los representantes del gobierno de turno ofrecen inversión y servicios públicos a cambio de que las poblaciones limiten sus protestas al punto de hacer viable la continuidad de los proyectos, proyectos que generalmente son de la actividad minera.
En este caso, en cambio, no hubo voluntad de diálogo por parte del gobierno, pues se envió funcionarios de menor rango, pero tampoco por las organizaciones sociales que protestaban; es más éstas, cerraron dicha posibilidad y descartaron toda negociación exigiendo que se cumplan sus demandas políticas, poniendo por delante la acción directa y las medidas de fuerza. Por otro lado, las protestas no tuvieron propiamente líderes visibles, y se argumentaba que se trataba de movilizaciones auto convocadas, sin dirigentes, a nivel de comunidad o distrito. Esto en parte para evitar la identificación y criminalización de las lideresas y líderes, pero sobre todo para expresar directamente la voluntad de quienes decidían protestar y así lo ratificaban en sus organizaciones de base.
Esta estrategia radical sorprendió a las autoridades y a los políticos, y es producto del fracaso del modo en que se gestionan los conflictos en el país; empezando a surgir así otra forma de hacer política desde las organizaciones comunales. Sin embargo, se puede advertir debilidades en la estrategia seguida, especialmente respecto a la construcción de alianzas fuera del departamento y en lo que fue “la toma de Lima”, así como una desmedida confianza las fuerzas propias y en que los objetivos podían ser alcanzados a corto plazo.
Un aspecto fundamental de la estrategia de quechuas y aymaras ha sido el control territorial y la acción desde sus territorios (por ejemplo, en la toma de vías), practicadas masivamente y que desbordó la acción de control policial primero y luego de las fuerzas armadas. Sin duda el aislamiento de los territorios y su vigilancia organizada como medio de protección frente a la pandemia -ante el abandono estatal- han sido útiles para ejercer el control territorial como parte de las estrategias de la protesta.
Las protestas realizadas han sido una inmensa experiencia social que seguro continuará y madurará por cuanto no se trata de una clásica explosión social, sino que tiene un trasfondo estructural y una base comunitaria ancestral. Las mujeres, especialmente campesinas, han tenido un rol muy importante en las protestas tanto en Puno como en Lima, lo cual no es casual, pues en el campo puneño su protagonismo se ha visto incrementado en los últimos años. Su participación como productoras agropecuarias, habiendo pasado de ser el 25.2% al 39.8% del total de productores agropecuarias entre los Censos Agropecuarios del 2004 y el 2014 (INEI, 2022).
La respuesta del gobierno a las protestas sociales no ha sido muy diferente a la que lamentablemente se siguió en los años de la violencia política. Escudado en la sucesión constitucional legal, la represión y sus consecuencias han costado la vida de 67 personas (49 civiles por represión, 11 en accidentes y hechos vinculados a los bloqueos, 1 policía y 6 militares) estando en investigación muchos de los casos de las víctimas civiles por cuanto se violaron los derechos humanos con el uso arbitrario de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales (Amnistía Internacional, 2023; CIDH, 2023). Además de la represión violenta, en Puno se instauraron las declaratorias de emergencia, el toque de queda y hasta el control militar de los territorios, como formas de criminalización de la protesta.
No puede dejarse de mencionar el trasfondo de discriminación y racismos presente en las acciones represivas llevadas adelante y el desconocimiento de los derechos especiales que tienen los pueblos indígenas, especialmente sobre sus territorios.
A modo de conclusión
Los hombres y mujeres de Puno, en especial los pueblos quechuas y aymaras del altiplano, han realizado masiva protesta política buscando hacer respetar su voto en las elecciones presidenciales del 2021 y proponiendo una salida política en la cual sea la voluntad popular (nuevas elecciones) la que se exprese. Teniendo como trasfondo la crítica situación social en que se encuentran, producto de la desatención del Estado, la discriminación y la corrupción, los pueblos quechuas y aymaras de Puno se proyectaron desde sus ancestrales territorios a las ciudades, la capital del departamento, Juliaca y hasta la capital del país, para hacer respetar su derecho a participar políticamente.
Esta inédita afirmación de este derecho abre las puertas a una necesaria evolución del sistema político y el relevo de la clase política del país, pero también supone la maduración de las organizaciones y líderes protagonistas de la protesta para construir alianzas con otros sectores del país y construir un proyecto común en medio de una inestabilidad política que no fue generado por la sociedad civil sino por la clase política.
